La captura de Benjaimar Luisana Linarez Lameda, de 33 años, encendió las alarmas sobre los riesgos asociados con prácticas ilegales en el ámbito de la salud por inyectar biopolímeros. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a la mujer en la parroquia Concepción del municipio Iribarren, Barquisimeto, por ejercer actividades médicas sin poseer las certificaciones correspondientes.
Este caso pone de relieve el peligro de acudir a servicios no autorizados y resalta la importancia de verificar la legalidad de cualquier procedimiento médico. Según las investigaciones, Linarez llevaba a cabo prácticas peligrosas en una clínica clandestina, afectando la salud de varias víctimas y poniendo en riesgo sus vidas.
Clínica ilegal y procedimientos riesgosos al inyectar biopolímeros
De acuerdo con el director del Cicpc, Douglas Rico, la mujer utilizaba una clínica clandestina en el sector para inyectar biopolímeros sin contar con las credenciales necesarias.
Tras un riguroso trabajo técnico-científico y entrevistas con testigos, los agentes de la Delegación Municipal Cabudare determinaron su responsabilidad en estos procedimientos peligrosos.
La investigación reveló que Linarez, sin estudios ni formación médica, usurpaba funciones como profesional de la salud para obtener beneficios económicos.
Este intrusismo médico no solo viola las leyes, sino que también representa un grave riesgo para las personas que se someten a estos procedimientos.
Evidencias incautadas en el lugar al inyectar biopolímeros
Durante el operativo, los funcionarios recuperaron una serie de materiales médicos en condiciones alarmantes.
Entre las pruebas recolectadas se encontraron cajas de jeringas, medicamentos vencidos, soluciones inyectables y otros instrumentos utilizados para procedimientos médicos no regulados.
El estado de los insumos decomisados confirma la negligencia con la que se manejaban los tratamientos en la clínica clandestina.
Además, la presencia de medicamentos caducados evidencia la falta de higiene y control sanitario, lo que incrementa las probabilidades de complicaciones graves en los pacientes.
Repercusiones legales y seguimiento del caso
La Fiscalía Séptima del Ministerio Público del estado Lara tomó conocimiento del caso, garantizando que se realicen las investigaciones pertinentes para sancionar este delito.
La usurpación de funciones médicas, el uso de productos vencidos y el daño causado a las víctimas son elementos que agravan la situación legal de Linarez.
Este caso no solo representa un delito de carácter penal, sino también un problema de salud pública que demanda medidas más estrictas por parte de las autoridades para prevenir actividades similares en el futuro.
Reflexión y recomendaciones para evitar riesgos
La práctica ilegal de procedimientos médicos expone a las personas a consecuencias que pueden ser irreversibles.
Es crucial que los ciudadanos verifiquen la legitimidad de los centros de salud y los profesionales a los que acuden.
Las redes sociales, aunque útiles para recomendaciones, no deben ser la única fuente de información al seleccionar servicios médicos.
Por otro lado, las autoridades deben intensificar los operativos de control y sensibilización, cerrando espacios clandestinos y sancionando a los responsables.
Además, se deben promover campañas informativas para educar a la población sobre los riesgos asociados con prácticas ilegales como el uso de biopolímeros.
Solo mediante la acción conjunta entre ciudadanía y gobierno será posible garantizar un entorno más seguro en el ámbito de la salud.
