El gobierno venezolano extendió hasta el 31 de marzo de 2025 la exoneración de impuestos de importación y al valor agregado (IVA) para 3.148 categorías de productos, distribuidas en cinco apéndices según sus códigos arancelarios. Esta medida, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.869 del pasado 27 de diciembre, busca mantener un nivel adecuado de abastecimiento y estimular la adquisición de bienes esenciales para la producción interna.
En comparación con el decreto anterior, el número de categorías beneficiadas aumentó en 748 códigos arancelarios. Sin embargo, el plazo de exoneración se redujo de cuatro a tres meses. Esta política refleja la intención del Ejecutivo de equilibrar el abastecimiento interno con el fortalecimiento de la economía productiva nacional.
Cambios en la política de exoneración de impuestos
El decreto establece diferentes niveles de exoneración según los apéndices que agrupan los códigos arancelarios. Por ejemplo, el artículo 3 exonera el 90 % del impuesto de importación y del IVA para 1.568 líneas de productos esenciales.
Esta medida busca garantizar la disponibilidad de bienes prioritarios en el mercado nacional.
Por su parte, el artículo 4 amplía la exoneración a 456 códigos arancelarios adicionales, condicionando su aplicación a la emisión del Certificado de No Producción Nacional o Producción Nacional Insuficiente.
Este requisito, supervisado por el Ministerio de Industrias, asegura que los beneficios se concentren en bienes que no se producen localmente o cuya oferta es limitada.
Foco en sectores estratégicos para la exoneración de impuestos
Además de los productos esenciales, el decreto contempla beneficios específicos para sectores clave. El artículo 5 exonera completamente los impuestos para bienes importados por el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), amparando 293 códigos arancelarios.
Esta disposición respalda actividades vinculadas a la minería y la industria pesada, fundamentales para el crecimiento económico.
El Ministerio de Atención de las Aguas y el Ministerio de Energía Eléctrica también figuran entre los beneficiarios, con 283 y 198 códigos arancelarios respectivamente.
Estas exoneraciones buscan mejorar la infraestructura y garantizar servicios básicos esenciales para la población.
La apuesta por la producción nacional
Uno de los objetivos principales de esta política es fortalecer la producción local. La exoneración no solo reduce costos para los importadores, sino que también permite que las empresas nacionales accedan a insumos necesarios para aumentar su capacidad productiva.
Este enfoque complementa los esfuerzos por diversificar la economía y reducir la dependencia de las importaciones.
El artículo 8, por ejemplo, beneficia a la Corporación Socialista del Cemento, mientras que el artículo 9 extiende los incentivos a Corpovex.
Ambas instituciones desempeñan un papel crucial en el desarrollo de infraestructura y la promoción del comercio exterior.
Impacto en el abastecimiento y la economía
La ampliación de códigos arancelarios beneficiados tiene como propósito mantener un flujo constante de productos en el mercado interno.
Esta medida resulta especialmente relevante en el contexto de la recuperación económica, donde garantizar el acceso a bienes básicos y materias primas es prioritario.
Sin embargo, la reducción del plazo de exoneración plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta política a largo plazo.
Mientras que la ampliación de categorías busca responder a necesidades inmediatas, el menor tiempo disponible podría limitar el impacto general de la medida.
Reflexión final y recomendaciones
La extensión de la exoneración de impuestos a las importaciones representa una herramienta valiosa para garantizar el abastecimiento y estimular la economía productiva.
No obstante, su efectividad dependerá de una implementación rigurosa y del monitoreo constante de los resultados.
Es crucial que el gobierno complemente esta política con incentivos para el desarrollo de la producción local, promoviendo la competitividad de las empresas nacionales.
Asimismo, resulta esencial establecer mecanismos de transparencia y seguimiento para evitar distorsiones en el mercado.
De esta manera, las medidas adoptadas podrán traducirse en beneficios reales y sostenibles para la población y la economía del país.
