Un polémico programa de “cazarrecompensas” para la detención de inmigrantes indocumentados ha sido impulsado en los estados de Misuri y Misisipi. Los legisladores están ofreciendo hasta 1,000 dólares a quienes proporcionen información que conduzca a arrestos. La propuesta ha generado reacciones encontradas, especialmente dentro de las comunidades migrantes y en el ámbito político.
Una medida respaldada por legisladores republicanos
La iniciativa, promovida por los legisladores David Gregory en Misuri y Justin Kee en Misisipi, forma parte de un paquete de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump. El objetivo es reforzar la vigilancia y acelerar las detenciones de inmigrantes indocumentados a nivel estatal.
En Misuri, el proyecto fue presentado como la “Ley SB72” en diciembre de 2024 y actualmente está siendo evaluado por el Comité de Seguridad Pública. Esta normativa permitiría a la policía arrestar a inmigrantes sin documentos y, además, establece la figura de los “Cazarrecompensas Certificados para Inmigrantes Ilegales”.
¿Cómo funciona el programa de cazarrecompensas?
La propuesta busca otorgar incentivos económicos a ciudadanos que denuncien la presencia de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, el programa restringe la participación a personas con licencia de agente de fianza o garantías, quienes podrían obtener hasta 1,000 dólares por cada denuncia anónima que conduzca a un arresto.
Una vez que un inmigrante es identificado y reportado, las detenciones serán ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), que coordinará las operaciones con las fuerzas de seguridad estatales.
La respuesta en Misisipi y las críticas a la medida
En Misisipi, el legislador Justin Kee presentó un proyecto con características similares, que también proponía la certificación de “cazarrecompensas” y la recompensa por denuncias. No obstante, esta medida fue frenada por el Comité legislativo, lo que detuvo su avance en el estado.
Las críticas no han tardado en surgir. Organizaciones de derechos humanos y defensores de los inmigrantes han calificado la medida como una política de persecución y discriminación, que podría derivar en abusos y detenciones injustificadas. Además, se ha señalado que la propuesta podría alentar prácticas de perfilamiento racial y violaciones a los derechos civiles.
Impacto en las comunidades migrantes
El temor entre las comunidades latinas en EE.UU. ha aumentado tras la viralización de testimonios en redes sociales, donde inmigrantes expresan su preocupación por ser perseguidos y deportados. En estados con una alta población migrante, el miedo a ser delatado podría generar una crisis social y económica, afectando el acceso a empleos y servicios esenciales.
Conclusión
Mientras el proyecto avanza en Misuri, la propuesta en Misisipi ha sido bloqueada, pero el debate sigue vigente. La implementación de este programa podría marcar un precedente en la criminalización de la inmigración en Estados Unidos, aumentando la presión sobre los inmigrantes indocumentados y generando un clima de incertidumbre y tensión en diversas comunidades.
