Las autoridades federales de Estados Unidos imputaron a ocho ciudadanos venezolanos, presuntamente en el país de manera ilegal, por operar una red de trata de personas en varios estados. Esta organización criminal estaría vinculada a la banda Tren de Aragua, conocida por su expansión en Latinoamérica y su participación en delitos como extorsión y tráfico de personas.
Captación de víctimas y modus operandi
Según la acusación federal, los detenidos atraían a mujeres de América del Sur con promesas falsas de empleo y una mejor calidad de vida en EE.UU.. Sin embargo, una vez en territorio estadounidense, las víctimas eran sometidas a explotación sexual para pagar supuestas deudas acumuladas durante su ingreso ilegal al país.
El fiscal interino de EE.UU., Robert McGuire, detalló que estas mujeres, lejos de sus hogares y sin apoyo, eran intimidadas y amenazadas. En algunos casos, los traficantes les arrebataban a sus hijos y documentos migratorios como método de coerción para asegurar su sometimiento.
Líderes de la red y vínculos con el Tren de Aragua
La investigación señala que la red de trata era dirigida por una madre e hijo. Las personas fueron identificadas como: Yilibeth del Carmen Rivero del Caldero y Clebier Daniel Mota-Rivero. Ambos habrían utilizado su conexión con el Tren de Aragua para intimidar a las víctimas y obligarlas a pagar deudas mediante explotación sexual.
Además, Mota-Rivero enfrenta un cargo adicional por posesión ilegal de un arma de fuego, al ser encontrado con una pistola Glock 9mm pese a su estatus migratorio irregular.
Otros dos hijos adultos de Rivero del Caldero figuran entre los ocho detenidos. De estos, cinco fueron capturados en Tennessee y tres en Texas.
Compromiso de las autoridades para frenar el crimen organizado
El director de la Oficina de Investigación de Tennessee, David B. Rauch, aseguró que las autoridades están comprometidas en desmantelar estas organizaciones criminales.
“No permitiremos que el Tren de Aragua ni ninguna otra banda criminal establezca operaciones en nuestro estado. Vamos a perseguir a estos delincuentes y utilizaremos todas las herramientas legales disponibles para desmantelar estas redes y hacer justicia”, declaró Rauch.
El caso sigue en desarrollo mientras los acusados enfrentan cargos federales por trata de personas y crimen organizado.
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