España elimina desde este jueves las conocidas como ‘Golden Visa‘, agiliza los desahucios por ocupación de casas y condiciona los pisos turísticos al permiso de la comunidad de vecinos, entre otras reformas legales ante la crisis de falta y carestía de vivienda en el país.
La entrada en vigor una serie de reformas legales supone el fin de las ‘Golden Visa’, los visados de residencia para extranjeros de fuera de la Unión Europea que podían obtenerse con la compra de inmuebles de más de 500.000 euros o mediante inversiones en depósitos bancarios, deuda pública, acciones, fondos de inversión y proyectos empresariales, entre otras vías.
Estos visados se aprobaron en 2013 durante el Gobierno del conservador Partido Popular, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y hasta 2023 se habían registrado más de 14.500 por inversiones inmobiliarias, en su mayoría de chinos y rusos, con un notable crecimiento en los últimos años por el brexit y la guerra de Ucrania.
El actual Gobierno, en la línea de otros ejecutivos europeos, argumenta que provocan problemas como el encarecimiento de la vivienda en algunas ciudades, caso de Barcelona y Madrid, al generar un «negocio especulativo».
Aunque el sector inmobiliario considera que se perderán inversiones sin que bajen los precios de la vivienda.
Fin a la Golden Visa: Desahucios más rápidos por ocupación
Otra de las reformas agiliza los desahucios por ocupación de vivienda, ya que los delitos de usurpación de inmuebles y de allanamiento de morada pasan a tramitarse por el procedimiento abreviado, los conocidos como juicios rápidos.
En España existe una notable polémica por situaciones como los denominados ‘inquiocupas’, inquilinos que dejan de pagar las rentas, que serían los casos de usurpación, y los okupas que entran por la fuerza a una vivienda -allanamiento- amparándose en una normativa que dificulta su expulsión si se declaran vulnerables.
Vecinos deben respaldar viviendas turísticas
Además, la nueva ley establece que los propietarios que deseen explotar sus inmuebles como pisos turísticos deberán contar con el consentimiento de la comunidad de vecinos. La proliferación de residencias destinadas al negocio turístico, en buena parte sin registrar, es una de las causas del encarecimiento del alquiler en grandes ciudades.
Se trata de la entrada en vigor la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce «una importante» modificación de la ley de Propiedad Horizontal (L.P.H) que permitirá a las comunidades de propietarios, limitar las viviendas destinadas al alquiler turístico.
Si bien hasta la fecha la Comunidades de Propietarios podían prohibir la actividad de alquileres turísticos mediante acuerdos adoptados en junta por mayoría de tres quintos, la nueva norma «obliga a los propietarios que quieran destinar una vivienda a fines turísticos a requerir el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación».
Este matiz otorga «más control» a las comunidades de vecinos sobre esta actividad.
