Miles de personas se manifestaron el fin de semana en 40 ciudades de España en protesta por la carestía y la escasez de vivienda, convocadas por asociaciones de inquilinos y movimientos vecinales que exigen una rebaja del 50 % en los alquileres y terminar con los rentistas, entre otras reclamaciones.
Los manifestantes marcharon contra el «negocio» de la vivienda y exigir la bajada del precio de unos alquileres que denuncian cada vez son más altos e inaccesibles.
Bajo el lema ‘Acabemos con el negocio de la vivienda’, más de 4.000 entidades de toda España se adhirieron a esta convocatoria y hubo manifestaciones por todo el país.
La marcha más numerosa de la mañana tuvo lugar en Madrid, donde los organizadores elevaron la participación entre 100.000 y 150.000 manifestantes, cifra que las autoridades rebajaron a 15.000.
Clamor contra el negocio de la viviendas
En Andalucía (sur) hubo protestas en varias capitales, entre ellas Málaga, una de las ciudades españolas donde más se encarecieron las viviendas en los últimos años y cuyos habitantes se han manifestado tres veces por el mismo asunto en menos de un año.
En las Islas Baleares fueron miles los que recorrieron las calles por el derecho a la vivienda y contra la especulación y masificación turística y lo mismo ocurrió en un total de 40 localidades de toda España.
Los convocantes piden contratos de alquiler indefinidos, la recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada, que se prohíba la compra de casas si no es para vivir en ellas, que se «desarticulen» los grupos de desocupación y la ampliación del parque público de vivienda.
El foco de sus críticas es el Gobierno español, al que acusan de estar del lado de los «rentistas» y no hacer nada para frenar la especulación, las inmobiliarias, los portales y las plataformas de alquiler turístico.
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, instó a las regiones -las «principales responsables» y «competentes» para ello- a que apliquen la ley de vivienda.
El Banco de España calcula que hacen falta cerca de medio millón de casas para cubrir la demanda, al tiempo que el sector denuncia la falta de suelo finalista y el bloqueo de la reforma de la ley de suelo, la falta de agilidad en los trámites y licencias y la elevada carga impositiva que soporta la vivienda.
