La deportación de venezolanos a El Salvador continúa generando debate. Esta semana, el Gobierno de Estados Unidos afirmó ante un juez federal que no puede revertir la medida, ni siquiera si lo deseara.
El argumento fue presentado por el Departamento de Justicia, que aseguró que no existe un mecanismo legal para lograr la repatriación inmediata de los más de 100 migrantes venezolanos ya trasladados.
El Salvador no accedería a su liberación
Uno de los puntos centrales de la defensa gubernamental es que El Salvador no estaría dispuesto a entregar a los detenidos. Según el documento judicial, ese país no actúa con indiferencia ante las detenciones, y una simple solicitud diplomática no sería suficiente para liberar a los venezolanos.
Esta afirmación contradice declaraciones previas del expresidente Donald Trump, quien sugirió que bastaría con una llamada telefónica a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.
Deportación amparada en una ley de guerra
La deportación de venezolanos a El Salvador fue ejecutada en marzo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta norma permite la expulsión de ciudadanos de países considerados hostiles, aunque su aplicación actual ha sido duramente cuestionada.
Los migrantes fueron llevados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad utilizada en El Salvador para alojar a presuntos miembros del Tren de Aragua.
Migrantes niegan vínculos criminales
Los abogados defensores alegan que sus representados no tienen antecedentes penales y que fueron deportados injustamente. También cuestionan el uso de una ley de guerra para justificar la expulsión de personas con Estatus de Protección Temporal (TPS).
Además, argumentan que las acusaciones se basan en tatuajes u otros indicios insuficientes.
Deportación de venezolanos a El Salvador: Gobierno rechaza divulgar acuerdos diplomáticos
En su declaración, el Departamento de Justicia pidió al juez que no exija la entrega de documentos clasificados relacionados con las negociaciones entre Estados Unidos y El Salvador. Según el Ejecutivo, hacerlo podría vulnerar la seguridad nacional y afectar relaciones bilaterales.
Deportación de venezolanos a El Salvador: Un fallo que marcaría precedente
El juez James Boasberg ahora debe decidir si puede ordenar la repatriación de personas deportadas bajo una ley de guerra. Hasta ahora, no existe jurisprudencia sobre casos similares.
Su decisión podría definir los límites del poder presidencial en materia migratoria, especialmente cuando se invocan argumentos de seguridad nacional.
Por Bloomberg
