A vísperas de las elecciones locales en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, la administración del presidente Javier Milei anunció una serie de medidas que endurecen las políticas migratorias del país latinoamericano.
Entre estas, se incluyen nuevos requisitos -más rígidos- para obtener la ciudadanía en el país, además de nuevas leyes para la expulsión de inmigrantes indocumentados.
Así, el gobierno también aseguró que planea acelerar los procesos para deportar a los extranjeros que cometan delitos dentro del territorio argentino. Un comunicado que emitió la Oficina del Presidente, detalla que los cambios serán implementados mediante un decreto.
Estas iniciativas están acordes con las medidas anunciadas por Manuel Adorni, el portavoz de la presidencia, el pasado diciembre.
EL GOBIERNO IMPULSA UNA SERIE DE MODIFICACIONES AL RÉGIMEN MIGRATORIO
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) May 14, 2025
De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias. Y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no… pic.twitter.com/rjnIqe0Fc2
Manuel Adorni, el vocero presidencial que anunció los cambios, señaló en rueda de prensa que a diferencia de la inmigración “virtuosa” que el país recibió en el pasado y que “aportó su parte a construir la gran potencia que supo ser la Argentina”, hoy día existe “una normativa que invita al caos y al abuso de vivos que lejos están de venir de forma honrada a construir un futuro de prosperidad”.
¿Qué cambios implementará la nueva normativa migratoria en Argentina?
A partir de la publicación del decreto, que tendrá lugar en los próximos días, cualquier extranjero condenado por algún delito podrá ser deportado, aunque la pena sea leve.
También se prohibirá la entrada a personas con antecedentes penales.
El gobierno también cobrará por la atención médica a los extranjeros en hospitales públicos, alegando que, en 2024, ese servicio generó un gasto oneroso para las arcas públicas. La atención solo será gratuita en casos de emergencia.
En educación, las universidades públicas podrán cobrar matrícula a los extranjeros con residencia temporal. No obstante, la educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos los residentes.
La obtención de la ciudadanía también tendrá nuevos requisitos. Sólo podrá otorgarse a quienes hayan residido en Argentina durante al menos dos años consecutivos o hayan realizado una inversión significativa en el país.
Para obtener la residencia permanente, los solicitantes necesitarán comprobar sus ingresos y no tener antecedentes penales.
Quienes sean encontrados en flagrancia por pasos fronterizos no habilitados serán expulsados inmediatamente. Aquellos que mientan en la información durante su ingreso serán expulsados.
Todo extranjero condenado por cualquier delito será deportado y, por otra parte, se acortarán los plazos de apelación de la deportación
Según el gobierno, alrededor de 1,7 millones de personas ingresaron al país ilegalmente en los últimos 20 años.
