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Corte Suprema rechaza apelación para deportar venezolanos bajo ley de 1798 en Estados Unidos

imagen ai de guantanamo

La Corte Suprema rechaza apelación para deportar venezolanos bajo ley de 1798. Esta fue una solicitud presentada por el gobierno de Donald Trump en un intento por acelerar expulsiones utilizando una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. La decisión se produjo este viernes, con dos votos disidentes de los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito.

La apelación fue planteada como una medida de emergencia para permitir la deportación inmediata de ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer a organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Este es un grupo designado como organización terrorista extranjera por Trump en marzo pasado.

Corte Suprema rechaza apelación para deportar venezolanos sin derecho a defensa

El alto tribunal ya había ordenado el mes pasado la suspensión temporal de las deportaciones desde un centro de detención en el norte de Texas. Esta medida que ahora mantiene de forma indefinida mientras se resuelve el fondo del caso.

La controversia gira en torno a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta norma invocada por Trump para justificar la expulsión rápida de personas sin proceso judicial es el centro de la polémica. Sin embargo, la Corte Suprema se pronunció a favor del derecho de los inmigrantes a impugnar su deportación.

Caso por deportación de venezolanos bajo ley de 1798 sigue en tribunales

El caso no resuelve si la invocación de esta antigua ley fue válida, pero sí refuerza el principio de que los acusados deben tener la oportunidad de apelar su salida del país, incluso si han sido señalados como miembros de una organización criminal.

“Reconocemos la importancia de los intereses de seguridad nacional del Gobierno, así como la necesidad de que dichos intereses se persigan de una manera coherente con la Constitución”, señala la decisión del tribunal en una opinión no firmada.

El tema seguirá en litigio, ya que otros tribunales federales aún evalúan la legalidad de aplicar esta ley a ciudadanos venezolanos que llegaron a EE. UU. bajo programas migratorios como CBP One o parole humanitario.

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