Ecuador exigirá visa de tránsito a ciudadanos de 45 países que ya requieren visa para ingresar al país, una nueva disposición que busca reforzar la seguridad del Estado y frenar las redes de trata de personas y tráfico de migrantes.
Así lo informó este domingo 9 de junio la Cancillería, sin precisar cuándo entrará en vigor la medida.
La medida aplicará incluso para quienes solo hagan escala en aeropuertos ecuatorianos.
¿Qué es una visa de tránsito?
Una visa de tránsito es un permiso temporal que otorga un país para que una persona extranjera pueda hacer escala o conexión en su territorio, sin intención de permanecer ni ingresar oficialmente al país como turista, residente o trabajador.
Actualmente, los viajeros procedentes de los siguientes países deben obtener visa antes de ingresar al Ecuador:
Afganistán
Albania
Angola
Bangladés
Camerún
Chad
Costa de Marfil
Cuba
Egipto
Eritrea
Etiopía
Filipinas
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Bissau
Haití*
India
Irán
Irak
Kenia
Kirguistán
Libia
Malí
Mauritania
Myanmar
Nepal
Nigeria
Pakistán
República del Congo
República Popular China
Corea del Norte (RPDC)
Senegal
República Democrática del Congo
Sierra Leona
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudán
Sudán del Sur
Tayikistán
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
Yemen
¿Para qué funciona la visa de tránsito en Ecuador?
Permite que el viajero:
Espere su vuelo de conexión en el aeropuerto.
Haga escala breve (usualmente menos de 24 o 72 horas).
En algunos casos, pueda salir del aeropuerto para cambiar de terminal o pernoctar en la ciudad, sin ingresar formalmente como turista.
Según el Gobierno, esta decisión se adopta como parte de la lucha contra el crimen organizado transnacional. La Cancillería recalca que se trata de una acción más dentro del fortalecimiento del control migratorio.
La medida adoptada por el presidente Daniel Noboa marca un cambio sustancial en la política migratoria de Ecuador, que históricamente se había caracterizado por ser más abierta en comparación con otros países de la región.
Durante la última década, Ecuador había mantenido una postura relativamente flexible hacia los flujos migratorios, especialmente en lo que respecta a ciudadanos venezolanos y cubanos.