El presidente interino de Perú, José Jerí, decretó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao como medida para frenar la creciente ola de inseguridad. La resolución, publicada este miércoles, entró en vigor a la medianoche y tendrá una duración inicial de 30 días continuos.
La decisión fue anunciada durante un mensaje a la Nación, en el que Jerí afirmó que la medida marca el inicio de una nueva estrategia contra el crimen organizado. “Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, declaró.
“Pasamos de la defensiva a la ofensiva”
El mandatario explicó que el estado de emergencia en Lima y Callao por inseguridad busca devolver la tranquilidad a los ciudadanos. “Esta medida presenta un nuevo enfoque: pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen”, sostuvo Jerí, quien aseguró que su gobierno actuará con firmeza para “recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza” del pueblo peruano.
El decreto permitirá a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú (PNP) realizar operativos conjuntos, con la facultad de restringir derechos constitucionales como la libertad de tránsito y reunión en zonas críticas. “Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, enfatizó el presidente.
Inseguridad y crisis política
El jefe de Estado reconoció que la delincuencia en Perú ha crecido de forma desmesurada en los últimos años, afectando gravemente a las familias y obstaculizando el desarrollo nacional. “Esto se acabó”, afirmó Jerí, al prometer una ofensiva frontal contra las bandas criminales y los actos de violencia urbana.
La medida se produce en medio de una movilización ciudadana nacional tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte y la asunción de Jerí como mandatario transitorio hasta julio de 2026. La crisis política, sumada al deterioro de la seguridad, generó una creciente presión social sobre el nuevo gobierno.
Reacciones y expectativas
Sectores empresariales y organizaciones vecinales expresaron su respaldo al decreto, considerando que el estado de emergencia en Lima y Callao por inseguridad era necesario ante el incremento de los delitos violentos. Sin embargo, defensores de derechos humanos advirtieron sobre la importancia de garantizar que los operativos respeten las libertades civiles.
Mientras tanto, el Gobierno peruano anunció que desplegará más de 5.000 efectivos policiales y militares en puntos estratégicos de la capital y el Callao, con especial atención a los distritos con mayores índices delictivos.
Con esta medida, el Ejecutivo busca no solo frenar la ola criminal, sino también restituir la confianza en las instituciones de seguridad, en medio de un clima político frágil. “No será fácil, pero es el primer paso para recuperar el Perú”, concluyó Jerí.
