El Tribunal Supremo de España condenó a García Ortiz, Fiscal General del Estado. Lo hizo por revelación de secretos, una decisión histórica en la justicia española.
El tribunal determinó que el fiscal general del Estado divulgó información reservada relacionada con el empresario Alberto González Amador -pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la comunidad de Madrid-. La sentencia incluye dos años de inhabilitación, una multa y el pago de una indemnización.
¿Qué significa la condena del Supremo a García Ortiz?
El Tribunal Supremo anunció que García Ortiz cometió un delito de revelación de datos reservados, prohibido por el artículo 417.1 del Código Penal.
La condena incluye:
- 2 años sin poder ejercer como fiscal general del Estado.
- Una multa de 12 meses (20 euros por día).
- El pago de 10.000 euros al empresario afectado.
- El pago de las costas del juicio.
El delito aplicado sanciona a cualquier funcionario público que revele información confidencial obtenida por su cargo.
¿Cómo se tomó esta decisión?
La votación final fue dividida:
- 5 magistrados votaron por condenarlo.
- 2 magistradas votaron en contra y anunciaron votos particulares (Ana Ferrer y Susana Polo).
La sentencia definitiva aún está en redacción, pero ya se conoce el sentido del fallo. La redacción de la ponencia quedará en manos del presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta.
¿Qué pasó en el juicio? (Explicado simple)
- Es la primera vez que un fiscal general en ejercicio se sienta en el banquillo.
- El juicio duró seis días.
- Declararon 40 testigos y el propio García Ortiz.
- Él negó haber filtrado el correo del abogado de González Amador.
- Fiscalía y Abogacía del Estado pidieron su absolución, afirmando que no había pruebas directas.
- Las acusaciones populares aseguran que sí filtró el documento con fines políticos.
El Supremo dio por acreditado el delito de revelación de secretos, pero descartó otros delitos mayores, como prevaricación.
¿Qué puede hacer ahora García Ortiz?
Tiene dos opciones legales:
- Presentar un incidente de nulidad ante el mismo Supremo (es obligatorio antes de ir al Constitucional).
- Si se lo rechazan, pedir amparo al Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido.
¿Por qué es importante este caso?
- Nunca antes un fiscal general en funciones había sido condenado.
- Abre un debate sobre la gestión institucional de la Fiscalía.
- Pone presión política y jurídica sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y sobre el propio Ministerio Público.
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