Delcy Rodríguez promulgó la ley de amnistía en Venezuela la noche del jueves, pocas horas después de que la Asamblea Nacional la aprobara por unanimidad. La norma abre la posibilidad de liberar a activistas, opositores, abogados, periodistas y otros ciudadanos procesados por hechos vinculados a conflictos políticos desde 1999.
La presidenta interina firmó el texto legal durante una ceremonia oficial y afirmó que la iniciativa busca abrir nuevas vías para la convivencia democrática. “Hay que saber pedir y recibir perdón”, expresó durante el acto.
Delcy Rodríguez promulgó la ley de amnistía en Venezuela tras aprobación unánime
La ley concede amnistía general y plena a personas investigadas o condenadas por delitos políticos o conexos ocurridos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026. El texto incluye casos relacionados con protestas, manifestaciones y episodios de confrontación política.
La norma ordena la revisión inmediata de expedientes vinculados con esos hechos. También contempla la extinción de acciones penales y sanciones civiles o administrativas dictadas contra los beneficiarios.
No podrán acogerse a la amnistía quienes hayan promovido o participado en acciones armadas contra la soberanía e integridad territorial del país con apoyo de actores extranjeros.
Reacciones y contexto político
La promulgación representa un cambio en el discurso oficial tras años de controversia sobre la existencia de presos políticos. Organizaciones de derechos humanos siguieron de cerca el proceso legislativo y pidieron garantías efectivas para la aplicación de la norma.
Según registros de la ONG Foro Penal, más de 600 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas. En semanas recientes, las autoridades anunciaron liberaciones progresivas y confirmaron la excarcelación de 448 detenidos, aunque muchos recibieron medidas condicionadas.
Familiares de reclusos instalaron campamentos frente a centros penitenciarios y realizaron protestas para exigir la aplicación inmediata de la ley. Algunas mujeres iniciaron huelgas de hambre en respaldo a sus parientes detenidos.
Alcance y aplicación de la nueva ley
La legislación redefine el tratamiento estatal hacia personas procesadas por motivos políticos. Su impacto dependerá de la rapidez con la que tribunales y órganos administrativos ejecuten la revisión de casos.
El texto ya se encuentra en vigor tras su promulgación. Las autoridades deberán aplicar los beneficios previstos y emitir decisiones judiciales conforme a lo establecido en la norma.
Con esta medida, el Ejecutivo y el Parlamento buscan impulsar un proceso de reconciliación y convivencia democrática, según lo expresado durante el acto oficial.
