El ex parlamentario, abogado defensor de los DDHH, y coordinador de la Asociación Civil de Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez responsabilizó al Ministerio público y a la Defensoría del Pueblo por no ponerle límites al uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de los manifestantes el día de ayer 23 de enero de 2019.
Se han producido 152 detenciones arbitrarias en todo el territorio nacional, violando el derecho a la libertad, Art. 44 CRBV: «La libertad personal es inviolable»; y el derecho constitucional que establece el Art. 68 CRBV que permite manifestar pacíficamente y que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas: «Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas».
El jurista indicó, que en el día de ayer hubo 57 heridos y 13 asesinatos a nivel nacional: Amazonas (2), Barinas (3), Bolívar (2), Distrito Capital (3), Portuguesa (1), Táchira (2), mutilando así el Art. 43 de nuestra Carta Magna que señala que: «el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma».
Estos cuerpos de seguridad como el Sebin, la GNB, el CONAS, la PNB y ahora la incorporación de un cuerpo que actúa como un escuadrón de la muerte llamado FAES y que se desconoce su formación policial sin alguna preparación para disuadir manifestaciones públicas vienen a reforzar el famoso “Plan Zamora”, cuyos componentes han sido los más represivos en nuestra era democrática, manifestó Narváez.
