Las fiscalías 34ª Nacional y 20ª de Aragua coordinarán la investigación sobre el asesinato de Ernesto Sierra Dávila, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), presuntamente involucrado en el secuestro de Franyeli Guerrero, informó el Ministerio Público en su página web el viernes 27 de mayo.
Los fiscales coordinan las actuaciones que realizan funcionarios del Cicpc, a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes y esclarecer los hechos, señaló el portal.
Sierra Dávila fue asesinado el 25 de mayo pasado en horas de la noche a manos de agentes del Cicpc, que lo trasladaban de Barinas a Caracas. El relato oficial de la policía científica indica que durante el traslado, a la altura del kilómetro 93 de la Autopista Regional del Centro (sentido Maracay-La Victoria), el investigado intentó asfixiar al conductor de la unidad; lo que generó una colisión con otro vehículo que transitaba por la vía en ese momento.
La minuta del Cicpc sobre el caso refiere también que Sierra Dávila se habría hecho con el arma de fuego de uno de los funcionarios a cargo de su traslado, accionó la misma en contra de ellos e intentó darse a la fuga. Fue atacado a balas y resultó herido, luego lo trasladaron hacia un centro asistencial cercano donde murió.
El incidente dejó tres heridos: dos agentes del Cicpc y el conductor del otro vehículo implicado en la colisión.
En un acto judicial del que no se conoce la fecha ni la hora, anunciado después de su asesinato, Sierra Dávila había sido imputado por las fiscalías 46ª Nacional y 14ª de Barinas por la comisión del delito de secuestro. En dicha audiencia de presentación también fueron imputados por el mismo tipo penal Mariana Dugarte (cuidadora de la víctima), Elvis Villarreal y Jesús Guerrero.
Franyeli Guerrero fue secuestrada el 30 de diciembre de 2021 en el sector Alto Barinas de la ciudad de Barinas. Permaneció en cautiverio durante 140 días.
La joven de 24 años fue rescatada en horas de la madrugada del pasado 19 de mayo en un sector rural de los municipios Arvelo Torrealba y Rojas del eje llanero barinés por una comisión mixta del Cicpc y la Policía Nacional Bolivariana. Por su liberación se habría negociado la suma de 750.000 dólares.
