La Corte Penal Internacional (CPI) ha negado al gobierno del presidente Nicolás Maduro la oportunidad de responder a los testimonios de 8.900 víctimas que apoyan la reanudación de las investigaciones en Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. La CPI declaró que el informe presentado por las posibles víctimas transmitía sus opiniones y preocupaciones, pero que aún no se había admitido a ninguna víctima para participar en el proceso.
El organismo internacional también afirmó que ya cuenta con los documentos necesarios para tomar una decisión sobre el caso.
El gobierno de Maduro había solicitado a los jueces de la CPI que le permitieran responder a los testimonios de las víctimas que fueron recopilados por la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), argumentando que algunos de los hechos descritos en el informe podrían haber sido objeto de investigaciones penales internas o sanciones internas a los perpetradores.
Sin embargo, la CPI consideró que la presentación del gobierno no era lo suficientemente precisa y que no se ajustaba al marco legal de la Corte.
Organizaciones no gubernamentales como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Acceso a la Justicia habían denunciado que el gobierno de Maduro estaba dilatando el proceso. Ahora, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI será la encargada de analizar todo el material presentado por las víctimas y el gobierno de Venezuela para tomar una decisión sobre la reanudación de la investigación.
La decisión de la CPI de negar al gobierno de Maduro la oportunidad de responder a los testimonios de las víctimas es un paso importante hacia la búsqueda de justicia en Venezuela.
Las denuncias de presuntos crímenes de lesa humanidad deben ser investigadas de manera exhaustiva y transparente, y la negativa del gobierno a cooperar con la CPI solo reafirma la necesidad de llevar a cabo una investigación independiente. Esperamos que la CPI tome la decisión correcta y reanude las investigaciones en Venezuela.
