El pasado domingo, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) aprehendieron a un psicólogo identificado como Justo Manuel Rodríguez Márquez, de 52 años, acusado de abuso sexual contra nueve menores. El operativo se llevó a cabo en el consultorio del profesional, ubicado en el sector Mariscal Sucre de Mariara, estado Carabobo. Las denuncias de las víctimas, entre ellas dos adolescentes de 16 y 14 años, llevaron a su detención.
El psicólogo detenido, Rodríguez Márquez, trabajaba tanto en centros educativos de Carabobo como en sesiones privadas. Fuentes ligadas al caso revelaron que el consultorio donde ejercía su labor también albergaba un local de mantenimiento de extintores. Según las declaraciones de las víctimas, el psicólogo les suministraba sustancias psicotrópicas diluidas en agua durante las consultas.
Además del abuso sexual, se descubrió que el psicólogo mantenía conversaciones por WhatsApp con sus pacientes, manipulándolos y exigiéndoles dinero a cambio de no difundir las fotos que ellos le enviaban. Estas acciones evidencian una clara explotación y manipulación emocional de los menores.
Durante el operativo de detención, se encontraron diversas evidencias de interés criminalístico en el consultorio del psicólogo. Se incautaron un envase de vaselina de 50 gramos de la marca Windone, tres unidades de preservativos marca Duo, tres prendas de vestir, un masajeador tipo rodillo para la espalda y botellas de licor de diferentes tipos.
Las investigaciones continúan y las autoridades presumen que el psicólogo formaba parte de una red pornográfica infantil. En relación con este caso, también fue detenida una mujer de 38 años, cuyo grado de implicación aún se encuentra en proceso de investigación.
La detención del psicólogo acusado de abuso sexual contra nueve menores pone en evidencia la importancia de la labor de las autoridades en la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Este caso revela la existencia de una posible red de explotación y abuso infantil, lo que subraya la necesidad de continuar investigando y desmantelando estas organizaciones criminales.
Es fundamental brindar apoyo y protección a las víctimas, así como promover una cultura de denuncia y concientización para prevenir y erradicar este tipo de delitos.
