El Gobierno de Perú ha aprobado una normativa que permite la expulsión de migrantes irregulares en un lapso de 48 horas, generando preocupación y debate entre la comunidad venezolana en el país. Esta medida, adoptada para modificar la Ley de Migraciones, ha levantado inquietudes sobre su impacto en la población migrante, especialmente entre los ciudadanos venezolanos que residen en Perú.
Procedimiento Administrativo para Expulsiones: La aprobación de un Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PAS) implica un cambio significativo en el manejo de la migración irregular en Perú. Según informes de medios locales, esta medida otorga a la Policía Nacional del Perú y a la Superintendencia Nacional de Migraciones la autoridad para decidir y ejecutar expulsiones de migrantes en situación irregular en un plazo reducido de 48 horas.
Detalles de la Nueva Norma: El ministro del Interior, Vicente Romero, destacó que la Policía Nacional podrá intervenir y retener a los ciudadanos extranjeros que no puedan demostrar su estatus migratorio regular. Esta retención inicial podría extenderse hasta por 24 horas para verificar la identidad y documentación del individuo, tras lo cual se llevaría a cabo un control migratorio para validar su estatus legal en el país.
Agilidad en la Resolución y Ejecución: La normativa agiliza los procesos de investigación y resolución de casos migratorios. La Policía tendría un plazo de 12 horas para indagar y recabar información, mientras que Migraciones debería resolver la situación en menos de 24 horas. Esto permitiría a la PNP proceder con la expulsión inmediata de aquellos extranjeros en situación migratoria irregular o que representen una amenaza para el orden interno, la seguridad nacional o ciudadana.
Ejecución Inmediata de Expulsiones: Se destaca la implementación de una audiencia única y simplificada para ejecutar las expulsiones de manera inmediata, lo que representa un cambio radical en la gestión de la migración irregular y sus consecuencias para los migrantes en Perú.
Es fundamental considerar el impacto humano y social que estas medidas pueden tener, particularmente en la comunidad venezolana y otros grupos migrantes. Si bien la regulación migratoria es necesaria, es crucial garantizar que los derechos y la dignidad de los migrantes sean protegidos durante los procedimientos de expulsión. Se requiere una evaluación cuidadosa de esta normativa para asegurar que se mantenga un equilibrio entre la gestión migratoria y el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes en Perú.
