Este jueves, Estados Unidos anunció la deportación de otro grupo de migrantes venezolanos, sumándose a la impactante cifra de más de 380.000 personas expulsadas en los últimos siete meses. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense informó que diversos vuelos partieron hacia diferentes destinos, incluyendo India, Ecuador, Perú, Venezuela y países de Centroamérica, marcando un incremento significativo en las deportaciones desde que se suspendió la aplicación del Título 42.
Deportaciones en Ascenso: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha intensificado el número de vuelos con deportados desde mayo, cuando dejó de aplicarse el Título 42, una medida que facilitaba la expulsión inmediata de indocumentados por motivos sanitarios. Desde entonces, más de 380.000 personas han sido deportadas, una cifra que quintuplica las expulsiones registradas en todo el año 2022.
Aumento de Vuelos y Destinos: El aumento en la frecuencia de vuelos de deportación se ha dirigido hacia diversos destinos, incluyendo India, Ecuador, Perú, Venezuela y países de Centroamérica. Este cambio refleja una estrategia más amplia para abordar la inmigración irregular y establecer límites más estrictos en cuanto a la permanencia en Estados Unidos.
Impacto en la Región: Entre los deportados se encuentran ciudadanos venezolanos y cubanos, evidenciando una ampliación en las repatriaciones directas a estos países. En octubre de 2023, Estados Unidos retomó las repatriaciones directas de ciudadanos venezolanos, suspendidas durante cuatro años, mientras que Cuba recibió su séptimo vuelo de deportados desde EE.UU. desde que se reactivaron las devoluciones por vía aérea hace casi un año.
El aumento significativo en las deportaciones desde Estados Unidos plantea interrogantes sobre el enfoque de las políticas migratorias y sus consecuencias humanitarias. Ante este panorama, es crucial que las autoridades consideren enfoques más equitativos y humanitarios para abordar la migración. Se insta a las instancias internacionales a colaborar en la búsqueda de soluciones integrales que respeten los derechos fundamentales de las personas y promuevan la estabilidad regional.
