El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció en una rueda de prensa el martes 9 de abril la detención de Tareck El Aissami, exministro del petróleo y expresidente de la estadal petrolera, junto con otros cuatro altos funcionarios del Gobierno nacional.
Esta acción judicial responde a su presunta implicación en la trama de corrupción PDVSA Cripto, que ha conmocionado a la opinión pública venezolana.
Operaciones ilegales en PDVSA cripto
Las investigaciones sobre este caso, que se iniciaron en marzo de 2023, revelaron una red de funcionarios, incluyendo presidentes de PDVSA, involucrados en operaciones petroleras ilegales.
Estas operaciones implicaban la asignación irregular de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, incumpliendo las normativas de contratación de la estadal petrolera y generando un daño significativo al patrimonio público.
Conspiración para el alza del dólar paralelo
El Fiscal General señaló que los detenidos habrían participado en una conspiración económica para aumentar el valor del dólar paralelo. Utilizando tecnología financiera moderna, como las monedas digitales, crearon un entramado complejo para cometer delitos financieros.
Estas actividades fraudulentas incluyeron el lavado de dinero a través de adquisiciones de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, así como inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.
Imputación de delitos y revelaciones sobre la trama
Saab anunció que a los detenidos se les imputarán varios delitos, entre ellos traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Además, reveló que cinco de los detenidos se han acogido a delación, convirtiéndose en testigos protegidos y proporcionando información clave para avanzar en la investigación.
El caso de corrupción en PDVSA Cripto, con la detención de altos funcionarios como Tareck El Aissami, resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las instituciones públicas. Es fundamental que las autoridades continúen combatiendo la corrupción de manera efectiva y que se aplique la justicia de manera imparcial y transparente. Además, se insta a promover una cultura de integridad y ética en la gestión pública, con el fin de prevenir futuros casos de corrupción y garantizar el bienestar de la sociedad venezolana.
