El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado el 20 de septiembre rechazando el más reciente informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU. Según el MP, el documento está basado en información “sesgada” y carece de pruebas verificables. La declaración señala que el informe está diseñado para perjudicar la imagen internacional de Venezuela, ignorando las investigaciones y condenas realizadas contra funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos.
Ministerio Público emite críticas al informe de la ONU
En su comunicado, el Ministerio Público afirmó que el informe de la Misión de la ONU presenta una visión distorsionada de la realidad venezolana. El MP calificó la información como “incontrastable”, es decir, que no cuenta con los detalles ni las pruebas necesarias para ser revisada y contrastada adecuadamente. Según el organismo, esta falta de evidencias impide que las acusaciones puedan ser verificadas por las autoridades nacionales.
Además, el MP señaló que el informe omite los esfuerzos que ha realizado el gobierno venezolano para sancionar a los funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos. Se mencionan investigaciones, imputaciones y condenas que han sido realizadas por el Poder Judicial, y que, según el MP, son ignoradas por la misión de la ONU en su “deformada representación de la situación del país”.
Violencia poselectoral y ataques a instituciones
El comunicado también aborda los hechos de violencia ocurridos en Venezuela tras las elecciones presidenciales. Según el Ministerio Público, estos actos de violencia, que resultaron en la muerte de 27 personas y más de 195 heridos, fueron orquestados por grupos extremistas vinculados a la oposición política. En particular, se menciona que dos de las víctimas fatales eran funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El informe del MP incluye datos detallados sobre los ataques contra infraestructuras públicas y privadas durante ese período de inestabilidad. Entre los objetivos de estos ataques se encontraban centros educativos, instalaciones de transporte, sedes de cuerpos de seguridad y monumentos públicos. En total, se documentaron 486 ataques, lo que contrasta con la caracterización de las protestas como manifestaciones pacíficas, según la misión de la ONU.
Acusaciones contra la misión de la ONU
El Ministerio Público también criticó a la misión de la ONU por no haber visitado Venezuela desde su creación en 2020, cuestionando su capacidad para emitir juicios sobre la situación en el país sin haber presenciado los hechos directamente. Según el MP, esta falta de presencia física en el territorio venezolano le resta legitimidad a las conclusiones del informe.
El comunicado también hizo referencia a la reciente voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024, que fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. El MP sostuvo que el informe de la ONU desconoce esta realidad y promueve falsos escenarios de violación de derechos humanos en Venezuela.
La respuesta del Ministerio Público venezolano al informe de la ONU destaca el rechazo categórico del gobierno ante lo que consideran un ataque injustificado y carente de pruebas. La crítica se centra en la falta de verificación de los hechos presentados y en la supuesta intención de dañar la imagen del país a nivel internacional. Mientras tanto, la misión de la ONU sigue señalando violaciones a los derechos humanos que requieren mayor atención, lo que augura un tenso escenario de confrontación diplomática en el futuro próximo.
