Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos ha declarado ilegal la limitación diaria de solicitudes de asilo en la frontera con México, en un fallo que respalda el veredicto de una corte menor emitido en 2021. Esta restricción, implementada por primera vez durante la administración de Barack Obama, y luego mantenida bajo Donald Trump, dejó a miles de personas en situaciones de vulnerabilidad mientras esperaban una oportunidad para presentar su caso. El fallo representa una victoria significativa para los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes han luchado durante años contra esta política.
El origen de la política de “dosificación” de casos de asilo
La práctica de limitar el número de solicitudes de asilo aceptadas diariamente en la frontera entre Estados Unidos y México comenzó en 2016, bajo la administración del expresidente Barack Obama. Esta política fue implementada en respuesta al aumento de migrantes, especialmente haitianos, que llegaban a los puntos de entrada como San Ysidro, California. La medida, conocida como “dosificación”, permitía a los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recibir solo un número limitado de casos al día, lo que generaba retrasos y una larga espera para quienes buscaban refugio.
Con el tiempo, la administración de Donald Trump no solo continuó aplicando la “dosificación”, sino que también implementó medidas adicionales que dificultaban aún más el acceso al asilo. Entre estas, la política de presentar la solicitud en un tercer país, lo que descalificaba automáticamente a muchos migrantes si volvían a intentarlo en la frontera estadounidense.
Las consecuencias de la política restrictiva al asilo
Las restricciones en la frontera tuvieron efectos devastadores para miles de solicitantes de asilo. Según la organización Al Otro Lado, que lidera la demanda contra la política de “dosificación”, muchas personas vulnerables se vieron atrapadas en la frontera, expuestas a peligros extremos en México. Se documentaron casos de solicitantes de asilo que fueron acosados, maltratados o incluso asesinados mientras esperaban la oportunidad de ser atendidos por las autoridades estadounidenses.
La jueza Michelle Friedland, parte del panel del Noveno Circuito de Apelaciones de California, destacó en su fallo que esta limitación no solo era ilegal, sino también inhumana, ya que empujaba a muchas personas a cruzar la frontera de manera irregular, poniendo en riesgo sus vidas. Friedland señaló que la Ley de Inmigración y Nacionalidad garantiza que cualquier persona que llegue a EE.UU. tiene el derecho de solicitar asilo, independientemente de su país de origen o de las políticas migratorias del momento.
El fallo judicial y su impacto
El tribunal de apelaciones confirmó el fallo original de la jueza federal Cynthia Bashant, quien ya había declarado ilegal la práctica de la “dosificación” en 2021. En un fallo dividido de 2 a 1, el panel judicial coincidió con los argumentos de los defensores de los inmigrantes, quienes sostuvieron que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estaba incumpliendo su obligación al no procesar todas las solicitudes de asilo que se presentaban.
Este veredicto también reafirma la importancia de garantizar que las personas que huyen de persecuciones y situaciones de peligro extremo tengan acceso a un proceso justo y seguro al llegar a Estados Unidos. Aunque la administración del presidente Joe Biden suspendió la práctica en 2021, la organización demandante, Al Otro Lado, continuó con el litigio para asegurar que no se implemente nuevamente en el futuro.
Mirando hacia el futuro
El fallo del Noveno Circuito es una victoria clave para los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos y representa un precedente importante para futuros casos de asilo. Sin embargo, el desafío ahora es garantizar que esta política no regrese bajo futuras administraciones y que se implementen medidas para mejorar el acceso a procedimientos justos para los solicitantes de asilo en la frontera.
Los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de ayuda a migrantes esperan que este fallo obligue a las autoridades a modificar sus prácticas y a garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de las personas que buscan protección en Estados Unidos, especialmente en un contexto global de migración forzada y crisis humanitarias crecientes.
Este fallo marca un paso adelante hacia la protección de los derechos de los solicitantes de asilo, pero el debate sobre la política migratoria en Estados Unidos continuará siendo un tema candente en los próximos años.
