Con el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, acompañado por JD Vance, las políticas migratorias vuelven a ocupar un lugar central en el debate político. En el marco de su campaña, ambos líderes han prometido ejecutar deportaciones a gran escala y reducir significativamente el uso del Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que beneficia a más de un millón de inmigrantes, incluidos venezolanos, haitianos y salvadoreños.
El TPS ha sido un salvavidas para miles de familias, otorgándoles permisos de trabajo y protección frente a la deportación. Sin embargo, estas garantías están en peligro, según el abogado Ahilan T. Arulanantham, quien advierte sobre el posible impacto devastador de retirar esta protección. “Quitar la autorización de empleo a tantas personas que han vivido aquí durante décadas no solo es cruel, sino económicamente desastroso”, enfatizó.
Estigmatización y criminalización de los migrantes
El discurso de la administración Trump no se ha limitado a políticas, sino que ha reforzado una narrativa de criminalización hacia los inmigrantes. Ejemplo de ello es la acusación de que los haitianos en Ohio, beneficiarios del TPS, se han involucrado en comportamientos polémicos, como el supuesto consumo de mascotas de vecinos.
De manera similar, los venezolanos han sido señalados como integrantes de grupos delictivos como “El Tren de Aragua”, aunque las pruebas son débiles. Según un informe de Telemundo, la policía de Nueva York identifica a estos “criminales fantasmas” solo por tatuajes de pandillas, sin evidencia sólida que respalde su actividad en el país. Esta tendencia de asociar nacionalidades con actos delictivos agrava la vulnerabilidad de comunidades ya amenazadas por políticas restrictivas.
Las promesas de deportación masiva
En un discurso incendiario en septiembre, Trump calificó a los migrantes como “criminales bárbaros”, prometiendo llevar a cabo “la mayor deportación en la historia del país”. Afirmó que Venezuela sería el destino principal de los migrantes deportados, incluyendo a los venezolanos que residen en Springfield, Ohio, quienes, según él, están “dañando nuestras comunidades”.
Estas declaraciones no solo exacerban el miedo en comunidades inmigrantes, sino que plantean serias preocupaciones sobre el cumplimiento de derechos humanos y el impacto económico que tendría una medida de tal magnitud en Estados Unidos.
Consecuencias humanas y económicas
La amenaza de perder el TPS o enfrentar la deportación masiva no afecta únicamente a los migrantes, sino también a las comunidades que dependen de su trabajo y contribuciones. Además de ser un golpe emocional para las familias, estas medidas podrían tener repercusiones económicas graves en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios, donde los beneficiarios del TPS desempeñan roles fundamentales.
En medio de esta incertidumbre, líderes como Arulanantham subrayan la importancia de mantener las protecciones actuales, mientras que las comunidades afectadas luchan por hacer oír sus voces y resistir la criminalización de su presencia en el país.
En definitiva, el futuro de las políticas migratorias bajo la administración Trump-Vance representa no solo un desafío político, sino una prueba de los valores de humanidad y justicia que Estados Unidos ha defendido históricamente.
