Este martes 10 de diciembre, entra en vigor el registro obligatorio de ciudadanos extranjeros en Perú, medida que afecta directamente a hospedajes e inquilinos. La normativa, impulsada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, tiene como objetivo fortalecer el control migratorio y la seguridad nacional. Los incumplimientos serán sancionados con multas que superan los 10,000 soles.
¿En qué consiste el registro obligatorio a inquilinos venezolanos?
El nuevo reglamento exige que todos los establecimientos de hospedaje y arrendadores que alquilen propiedades a extranjeros registren a sus inquilinos en una plataforma digital gratuita creada por Migraciones. Este sistema busca recopilar información detallada sobre los huéspedes y residentes, garantizando un control más exhaustivo de su situación migratoria.
Los datos requeridos incluyen nombres y apellidos completos, nacionalidad, género, fecha de nacimiento, así como las fechas de ingreso y salida estimada. El personal deberá transmitir esta información de forma inmediata al sistema oficial de Migraciones para su verificación y seguimiento.
Obligaciones clave para inquilinos y propietarios
Los administradores de hospedajes y arrendamientos deberán cumplir con varios requisitos específicos:
- Solicitar documentos de identidad vigentes, como pasaportes o carnés migratorios, dependiendo del estatus del extranjero en Perú.
- Registrar a cada huésped en la plataforma virtual habilitada por la Superintendencia.
- Colaborar con Migraciones en actividades de fiscalización, permitiendo la revisión de documentos y el acceso a las instalaciones si fuera necesario.
El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones económicas que podrían superar los 10,000 soles (equivalentes a 2 Unidades Impositivas Tributarias).
Implicaciones para la seguridad nacional
La normativa responde a un esfuerzo del gobierno peruano por reforzar la seguridad y regular la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros, especialmente aquellos de nacionalidad venezolana. Según lo anunciado por la presidenta Dina Boluarte, estas medidas buscan prevenir actividades vinculadas al crimen organizado, exigiendo mayor formalidad en los contratos de trabajo y arrendamiento.
Además, el Ejecutivo ha planteado vigilar de cerca el envío de remesas al extranjero como parte de un plan integral para combatir el flujo de recursos provenientes de actividades ilícitas.
Reacciones y desafíos
Si bien la normativa ha sido aplaudida por algunos sectores que valoran el esfuerzo por reforzar el control migratorio, también ha generado inquietudes entre arrendadores y propietarios. Muchos consideran que el proceso puede resultar complejo y costoso en términos de tiempo y recursos, especialmente para aquellos que no están familiarizados con plataformas digitales.
Por su parte, las autoridades han garantizado que la plataforma es gratuita y fácil de usar, enfatizando que estas medidas son fundamentales para proteger la seguridad ciudadana y fortalecer la institucionalidad migratoria.
El registro obligatorio de inquilinos extranjeros marca un cambio significativo en las políticas migratorias de Perú. Mientras el gobierno busca combatir el crimen organizado y mejorar el control de los flujos migratorios, esta medida plantea retos tanto para las autoridades como para los arrendadores, quienes deberán adaptarse a una nueva dinámica en la gestión de sus propiedades.
