Las excarcelaciones de 12 detenidos vinculados a las protestas postelectorales en Venezuela ha generado un respiro para sus familias y organizaciones defensoras de derechos humanos. Este grupo incluye a ocho adolescentes y a la paciente oncológica Yenny Barrios, quienes permanecieron encarcelados pese a sus condiciones vulnerables.
Aunque el hecho representa un paso significativo, persisten preocupaciones sobre el elevado número de presos políticos en el país, que asciende a 1.800 según cifras del Foro Penal. La dinámica de liberaciones selectivas y nuevas detenciones plantea interrogantes sobre el compromiso gubernamental con los derechos fundamentales.
Detalles de las excarcelaciones
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) confirmó que las excarcelaciones provenían de los estados Anzoátegui, Lara y Miranda.
Entre ellos, seis adolescentes fueron liberados en Anzoátegui: Luis Alexander Carima González, Fernando Andrés García Méndez, Johana de los Ángeles Maldonado, Anibeys del Valle Betancourt, Juan Pablo Yaraguaracuto Rojas y Marianyeli Nazareth Girardot García.
En el estado Lara, se otorgó la libertad a Johendris Juárez y Carlos Jiménez, junto con María Eugenia Flores y Yenny Barrios. Esta última, paciente oncológica, había sido trasladada recientemente a la cárcel de Uribana pese a su delicado estado de salud, lo que generó numerosas denuncias.
Por último, en Miranda, recuperaron su libertad Thailis Berrios y Joseph Robinson Reveron Silva.
Estas excarcelaciones han sido celebradas por familiares y defensores de derechos humanos, quienes insistieron en que estas personas nunca debieron haber sido detenidas.
La puerta giratoria: una estrategia recurrente
Aunque las liberaciones representan un alivio temporal, expertos señalan que el gobierno utiliza la denominada “puerta giratoria”.
Este patrón consiste en liberar a ciertos detenidos mientras otros son arrestados, manteniendo un control constante sobre opositores y disidentes.
En paralelo a las liberaciones, el alcalde de Cabimas, Nabil Maalouf, y el exconcejal Jesús Armas fueron detenidos. Ambos desempeñan roles destacados en la política opositora, lo que sugiere una estrategia para debilitar liderazgos y generar un clima de incertidumbre.
Este fenómeno perpetúa un ciclo de violaciones de derechos y envía un mensaje de control político.
Los detenidos recién liberados, aunque ahora en libertad, enfrentan medidas cautelares que limitan sus derechos y perpetúan la presión estatal.
El impacto en las familias y comunidades
Las detenciones arbitrarias afectan no solo a los detenidos, sino también a sus familias y comunidades.
Los meses de encarcelamiento suelen implicar desgaste emocional, dificultades económicas y la ruptura de dinámicas familiares.
En este contexto, la liberación de los 12 detenidos se traduce en un alivio para sus allegados, quienes nunca dejaron de alzar la voz exigiendo justicia.
Organizaciones como el CLIPP y el Foro Penal han jugado un papel crucial, actuando como mediadores entre las familias y las autoridades, además de visibilizar las condiciones de los presos políticos.
Promesas de nuevas excarcelaciones
El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que continuarán las excarcelaciones con medidas cautelares, tras reunirse con madres de algunos jóvenes detenidos.
Sin embargo, defensores de derechos humanos subrayan la necesidad de medidas más profundas, que incluyan la liberación de todos los presos políticos y el cese de detenciones arbitrarias.
El cumplimiento de estas promesas será crucial para restaurar la confianza en las instituciones y avanzar hacia un respeto pleno por los derechos humanos.
No obstante, la credibilidad del gobierno sigue siendo cuestionada debido a la falta de transparencia y el uso político de estas acciones.
Presos políticos en Venezuela
Este escenario evidencia la urgencia de abordar la problemática de los presos políticos en Venezuela desde una perspectiva integral.
Es fundamental que el gobierno asuma un compromiso real con el respeto a los derechos fundamentales, eliminando las prácticas de persecución y liberando a todos los detenidos por razones políticas.
Las organizaciones internacionales también deben reforzar su rol como garantes de derechos humanos, ejerciendo presión para garantizar la justicia y el debido proceso.
Solo a través de acciones concretas se logrará construir un entorno de respeto, reconciliación y verdadera libertad.
