Juez acusa a Trump de desacato por deportaciones. Un juez federal de Estados Unidos acusó al gobierno del presidente Donald Trump de desacato por ignorar una orden judicial que prohibía la deportación de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
La polémica gira en torno al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por la administración Trump para justificar la expulsión de estos migrantes. Sin embargo, el juez James Boasberg determinó que esta acción violó principios constitucionales y desobedeció una orden explícita de la corte.
Una medida inconstitucional, según el juez
En un fallo de más de 40 páginas, el magistrado Boasberg expresó que “la Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”. A su juicio, permitir este tipo de acciones por parte del Ejecutivo convertiría “en una burla solemne a la propia Constitución”.
Las deportaciones se llevaron a cabo a pesar de que el tribunal había ordenado su suspensión, con el fin de permitir audiencias de apelación individuales para cada migrante afectado, tal como establece la ley.
Juez acusa a Trump de desacato por deportaciones: El gobierno alega vínculos criminales
Desde la Casa Blanca, el equipo legal de Trump justificó la decisión alegando presuntos vínculos de los deportados con bandas delictivas como el Tren de Aragua. No obstante, investigaciones independientes han revelado que la gran mayoría de los migrantes no poseen antecedentes penales ni nexos comprobados con grupos criminales.
Reacciones y denuncias internacionales
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Human Rights Watch, han advertido sobre la gravedad de estas acciones. Señalan que muchos de los deportados se encuentran incomunicados y retenidos sin procesos judiciales claros, situación que podría constituir una desaparición forzada.
El traslado de los migrantes a la prisión salvadoreña Cecot, famosa por sus estrictas condiciones, ha generado una ola de críticas internacionales, especialmente entre organizaciones que siguen de cerca la situación de los derechos humanos en la región.
El caso continúa generando tensiones legales y políticas en Estados Unidos, y se espera que en las próximas semanas se presenten nuevas audiencias para determinar si el gobierno deberá revertir las deportaciones o compensar a los afectados por esta violación judicial.
