Estados Unidos/ La Corte Suprema bloqueó deportación de venezolanos detenidos en el norte de Texas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. Cabe recordar que se trata de una norma que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial. La decisión fue tomada la madrugada de este sábado tras un recurso de emergencia interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
En una orden breve, el máximo tribunal del país instruyó al Gobierno de Donald Trump a suspender las expulsiones de los migrantes retenidos en el Centro de Detención Bluebonnet, hasta que la corte emita una nueva decisión. El caso ha generado gran polémica, ya que se trata de una ley extraordinaria que permite deportaciones sin el proceso habitual.
La Corte responde ante recurso de la ACLU
La ACLU argumentó que el Gobierno se preparaba para reanudar las deportaciones sin garantizar el debido proceso. Por esta razón, solicitó la intervención inmediata del tribunal. Previamente, la Corte había permitido continuar con las expulsiones, siempre que los afectados pudieran impugnar sus casos ante un juez.
Sin embargo, tras conocer que algunos migrantes no estaban recibiendo ese derecho, el máximo tribunal emitió esta nueva instrucción que suspende temporalmente las deportaciones.
Abogados celebran medida de protección temporal
El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, celebró la decisión de la Corte Suprema y alertó sobre los riesgos que enfrentan los venezolanos detenidos. “Estamos profundamente aliviados de que la Corte haya bloqueado temporalmente las deportaciones”, declaró Gelernt en un correo citado por Univisión.
“Estas personas corrían un peligro inminente de pasar el resto de sus vidas en una brutal prisión salvadoreña sin haber tenido nunca un proceso justo”, agregó el defensor.
Corte Suprema bloqueó deportación de venezolanos: Contexto del caso y polémica legal
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, ha generado un amplio debate legal y político. El Gobierno de Trump ha argumentado que esta medida es necesaria para frenar a supuestos integrantes de bandas criminales transnacionales, como el Tren de Aragua.
No obstante, abogados y defensores de derechos humanos aseguran que la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes penales y que las deportaciones se realizan sin pruebas suficientes ni audiencia previa.
Con esta decisión, la Corte Suprema establece un precedente clave en la lucha por los derechos de los migrantes y obliga a las autoridades a respetar el marco legal y constitucional vigente.
