El joven venezolano Merwil Gutiérrez fue acusado de pertenecer al Tren de Aragua por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras ser detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York. Su familia rechaza las acusaciones y asegura que no existen pruebas ni procesos judiciales abiertos que respalden esa afirmación.
La detención ocurrió en abril, cuando los agentes arrestaron al joven de 19 años frente a la entrada del edificio donde residía, en El Bronx. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta norma utilizada por el gobierno estadounidense para deportaciones vinculadas a actividades delictivas transnacionales.
Merwil Gutiérrez acusado de pertenecer al Tren de Aragua, pero sin juicio previo
Documentos divulgados por el DHS señalan que Merwil Alberto Gutiérrez Flores es parte del grupo criminal Tren de Aragua, y que posee antecedentes relacionados con la posesión de un arma de fuego en instalaciones escolares y dispositivos de alimentación de municiones.
Sin embargo, el mismo informe indica que estos delitos permanecen “pendientes” y que no se ha emitido una condena formal. La defensa legal del joven afirma que no se le permitió el debido proceso ni la oportunidad de responder ante un tribunal antes de ser deportado.
Reacción de congresistas y familiares tras la detención
Los congresistas demócratas Alexandria Ocasio-Cortez y Adriano Espaillat, cuyos distritos incluyen El Bronx, cuestionaron públicamente el procedimiento. “Estamos horrorizados de que ICE secuestró a Merwil Gutiérrez”, expresaron en un comunicado conjunto, calificando la deportación como arbitraria y sin base legal.
A pesar de las denuncias, el DHS mantiene su posición sobre los vínculos del joven con el Tren de Aragua. La agencia ha señalado que más de 300 personas han sido enviadas al CECOT bajo el mismo marco legal.
El caso de Merwil Gutiérrez acusado de pertenecer al Tren de Aragua abre un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de medidas extraordinarias por parte de ICE y el DHS, especialmente cuando no existen decisiones judiciales que respalden las acusaciones.