La Ley de Amnistía y Convivencia Democrática no contempla el perdón para delitos como homicidio intencional, violaciones de derechos humanos, narcotráfico y corrupción, según afirmó Jorge Arreaza. El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Asamblea Nacional explicó que estos delitos quedan fuera de cualquier medida de amnistía.
Durante una entrevista radial, Arreaza sostuvo que este principio rige en legislaciones similares en otros países y también en Venezuela. Señaló que el homicidio intencional no puede ser objeto de amnistía bajo ningún escenario.
Ley de Amnistía y Convivencia Democrática establece límites claros
Arreaza se refirió al caso de efectivos de la Policía Metropolitana acusados de homicidio intencional. Indicó que, aunque desearía una solución amplia, la normativa impide incluir ese delito dentro del beneficio.
No obstante, aclaró que los tribunales podrían evaluar medidas sustitutivas de privación de libertad si los acusados muestran buena conducta. Esa decisión dependerá exclusivamente del sistema de justicia.
El dirigente también confirmó reuniones con familiares de militares detenidos por la Operación Gedeón. Aseguró que la justicia militar analiza esos expedientes y que anunciará medidas cuando concluya el proceso de revisión.
Debate sobre la aplicación de la Ley contra el Odio
En otro punto, Arreaza admitió fallas en la aplicación de la Ley contra el Odio. Reconoció que en algunos casos se ha privado de libertad a personas por mensajes contenidos en sus teléfonos.
Explicó que no existe derecho a revisar dispositivos móviles en alcabalas sin una investigación formal previa. Subrayó que una imputación judicial cambia el escenario legal, pero no justifica controles arbitrarios.
El parlamentario dejó abierta la posibilidad de reglamentar con mayor claridad la Ley contra el Odio y otras normas similares. Consideró necesaria una definición precisa de los procedimientos para evitar interpretaciones incorrectas.
La Ley de Amnistía y Convivencia Democrática continúa en el centro del debate político y jurídico. Mientras tanto, la comisión parlamentaria mantiene el seguimiento de casos vinculados a detenidos civiles y militares, bajo el marco legal vigente en Venezuela.
