Juicio masivo contra 486 miembros de la MS-13 en El Salvador inició esta semana con acusaciones por más de 47.000 delitos. El proceso judicial involucra a cabecillas, líderes y miembros de la estructura criminal. Además, se desarrolla en el contexto del estado de excepción vigente desde 2022.
Juicio masivo contra 486 miembros de la MS-13 en El Salvador por múltiples delitos
Un tribunal salvadoreño dio inicio a este proceso colectivo contra presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha. Según la Fiscalía General de la República, los hechos investigados ocurrieron entre 2012 y 2022. Por lo tanto, el expediente incluye una amplia cantidad de casos acumulados.
Entre los delitos imputados figuran homicidio agravado y desaparición de personas. Además, se incluyen cargos por extorsión, tráfico ilegal de armas de fuego y agrupaciones ilícitas. Asimismo, el proceso contempla acusaciones por feminicidio, tentativa de homicidio y privación de libertad.
El juicio reúne a un total de 486 acusados vinculados a la organización criminal. En consecuencia, se trata de uno de los mayores procesos judiciales colectivos en el país. Además, forma parte de la estrategia contra la violencia de pandillas.
Perfil de los acusados dentro de la estructura criminal
Entre los procesados se encuentran distintos niveles de liderazgo dentro de la pandilla. Según los datos oficiales, hay 22 cabecillas históricos de la cúpula nacional. Asimismo, se identifican 212 líderes de alto rango.
También figuran 152 cabecillas responsables de grupos territoriales. Por lo tanto, el proceso abarca tanto estructuras de mando como operadores en distintas zonas. Además, refleja la organización jerárquica de la MS-13.
De los acusados, 413 permanecen recluidos en centros penitenciarios del país. Entre estas instalaciones se encuentra el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Por su parte, otros 73 individuos están en paradero desconocido.
Estado de excepción y contexto del proceso judicial
El juicio se desarrolla en un contexto marcado por el estado de excepción vigente desde 2022. Esta medida ha sido prorrogada en 49 ocasiones consecutivas. La última extensión se realizó el 26 de marzo.
Según el Gobierno, la medida busca erradicar los grupos considerados terroristas. En consecuencia, las autoridades sostienen que es necesaria para mantener los avances en seguridad. Además, se argumenta que su levantamiento implicaría retrocesos.
Desde la implementación del estado de excepción, más de 91.500 personas han sido detenidas. Por lo tanto, la población penitenciaria supera los 130.000 reos en un país de poco más de seis millones de habitantes. Asimismo, el sistema carcelario ha experimentado un aumento significativo.
Impacto en cifras de seguridad y desarrollo del caso
Las autoridades aseguran que las políticas implementadas han tenido impacto en los indicadores de violencia. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios descendió de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022. Posteriormente, bajó a 1,3 el año pasado.
El juicio masivo representa una fase clave dentro de estas acciones institucionales. Por lo tanto, el proceso busca determinar responsabilidades en miles de delitos atribuidos a la pandilla. Además, se mantiene bajo seguimiento de las autoridades judiciales.
Finalmente, el caso continúa en desarrollo mientras avanzan las audiencias. En consecuencia, el tribunal deberá evaluar las pruebas presentadas. Asimismo, se espera que el proceso defina la situación legal de los acusados.
