Un reciente Estudio Nacional de Caracterización Socio Alimentaria de Comunidades Rurales en Venezuela ha arrojado luz sobre la creciente dificultad que enfrentan estas comunidades para acceder a alimentos. Factores como la disminución del poder adquisitivo y el colapso de los servicios públicos agravan esta situación preocupante.
Deterioro de la Calidad del Empleo: Según Nerio Naranjo, coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela, uno de los principales componentes del deterioro en la alimentación de las comunidades rurales es la disminución de la calidad del empleo. Esto se traduce en una caída del trabajo con salarios fijos, afectando entre un 32% y un 42% de las comunidades, lo que ha llevado al crecimiento del empleo informal y actividades al margen de la norma, como la reventa de gasolina y la tala de árboles para vender leña.
Ingresos Insuficientes para Necesidades Básicas: Otra preocupación identificada es la insuficiencia de los ingresos para cubrir las necesidades básicas de la población rural. Las personas destinan cada vez más de sus ingresos a alimentos, descuidando otras áreas vitales de sus vidas.
Crece el Pesimismo: El estudio también ha destacado un crecimiento significativo en el pesimismo entre las comunidades rurales. Las personas ven la situación a corto plazo como peor, lo que puede afectar negativamente la economía al minar la confianza, la inversión y el espíritu emprendedor.
Colapso de los Servicios Públicos: En cuanto a los servicios públicos, el estudio reveló un deterioro alarmante. La energía eléctrica ha empeorado en más del 58% de las comunidades, el suministro de agua ha retrocedido en más del 48%, y las telecomunicaciones, el internet y el gas doméstico han experimentado retrocesos del 36%. El transporte y el suministro de combustible también se ven afectados, lo que repercute en la calidad de vida y el acceso a alimentos.
La situación alimentaria en las comunidades rurales de Venezuela es preocupante y se ve exacerbada por el deterioro económico, la disminución de la calidad del empleo y el colapso de los servicios públicos. Para abordar este desafío, es esencial tomar medidas para fortalecer la economía, mejorar el acceso a empleos estables y garantizar servicios públicos confiables. La inversión en infraestructura y apoyo a las comunidades rurales también debe ser una prioridad para mejorar la calidad de vida y la seguridad alimentaria de sus habitantes.
