El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una orden para deportar a migrantes venezolanos en situación irregular que estén involucrados en actividades delictivas y registren antecedentes policiales. La medida forma parte de una estrategia de seguridad enfocada en combatir la extorsión y las organizaciones criminales que operan en Bogotá.
El mandatario informó sobre la decisión después de una reunión con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director de Migración Colombia, José Luis Castañeda.
Deportación de venezolanos irregulares en Colombia
Durante sus declaraciones, De la Espriella aseguró que su Gobierno reforzará los mecanismos de coordinación entre las autoridades nacionales y distritales para abordar la situación migratoria.
El presidente señaló que las medidas se aplicarán especialmente a ciudadanos venezolanos que permanezcan en Colombia sin una situación migratoria regularizada y estén vinculados con actividades delictivas.
«Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación», afirmó.
Asimismo, indicó que transmitió instrucciones al director de Migración Colombia para ejecutar las actuaciones correspondientes. El mandatario sostuvo que los procedimientos deberán desarrollarse dentro del marco legal colombiano.
Sin embargo, en las declaraciones difundidas no se especificaron los criterios administrativos que se utilizarán para determinar qué antecedentes darían lugar a una deportación.
Tampoco se informó cuántas personas podrían resultar afectadas.
Gobierno colombiano anuncia medidas contra la extorsión
El anuncio migratorio estuvo acompañado de nuevas instrucciones para combatir las estructuras criminales que operan en Bogotá.
De la Espriella mencionó al Tren de Aragua, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a una organización conocida como Los Ingenieros.
Según el mandatario, las autoridades capturaron recientemente a uno de los principales integrantes de esta última estructura.
El presidente afirmó que la estrategia de seguridad prestará especial atención a las localidades de Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar. Estas zonas fueron identificadas como prioritarias para reforzar las operaciones contra la extorsión. La protección de comerciantes y transportadores figura entre los principales objetivos de las medidas anunciadas.
«Ningún colombiano tiene por qué pagarle a un criminal para poder trabajar, vivir y transitar», declaró el mandatario.
Refuerzan seguridad en Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar
El Gobierno colombiano anunció que intensificará las actuaciones de los organismos de seguridad en tres localidades de Bogotá.
La estrategia buscará enfrentar las actividades de grupos criminales que presuntamente extorsionan a comerciantes, transportistas y otros ciudadanos.
Según las declaraciones presidenciales, las autoridades también fortalecerán la cooperación entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá.
La participación del alcalde Carlos Fernando Galán en la reunión permitió abordar las necesidades de seguridad de la capital colombiana.
Sin embargo, no se detalló cuántos funcionarios adicionales serán desplegados ni qué recursos se destinarán a las operaciones. Tampoco se anunció un calendario específico para ejecutar las nuevas medidas.
¿A quiénes afectaría la orden de deportación?
De acuerdo con el anuncio presidencial, la medida estaría dirigida a migrantes venezolanos que cumplan dos condiciones: encontrarse en situación migratoria irregular y estar vinculados con actividades delictivas.
Por tanto, las declaraciones no establecen una deportación generalizada de todos los ciudadanos venezolanos residentes en Colombia.
Además, una anotación policial no equivale necesariamente a una condena penal.
La aplicación de cualquier medida migratoria deberá ajustarse a los procedimientos legales correspondientes y a las garantías individuales.
En consecuencia, será necesario conocer las instrucciones administrativas de Migración Colombia para determinar cómo se aplicará la orden.
La información difundida tampoco precisa si existirán mecanismos de revisión de los casos individuales o qué tratamiento recibirán las personas con solicitudes de protección internacional.
Migración Colombia deberá ejecutar las instrucciones
El director de Migración Colombia, José Luis Castañeda, participó en la reunión donde se anunció la nueva política.
Según el presidente, ese organismo recibió instrucciones para actuar frente a los extranjeros en situación irregular que estén involucrados en actividades criminales.
Las autoridades migratorias deberán determinar la situación jurídica de las personas investigadas y aplicar las medidas que correspondan conforme a la legislación colombiana.
Por ahora, no se ha divulgado una resolución administrativa que detalle los procedimientos anunciados.
La orden de deportación anunciada por Abelardo de la Espriella se enmarca en un plan de seguridad contra la extorsión y las organizaciones criminales en Bogotá. Su alcance definitivo dependerá de las instrucciones oficiales y de los procedimientos que establezca Migración Colombia.
