La Corte Penal Internacional (CPI) ha recibido alegaciones y documentación por parte de casi 9.000 personas y algunas entidades jurídicas que se consideran víctimas del régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro.
Estas alegaciones se presentaron como parte de una investigación de la Fiscalía de la CPI sobre los presuntos “crímenes de lesa humanidad” cometidos por los responsables del régimen. Las autoridades venezolanas se oponen a esta investigación y han intentado dilatar el procedimiento utilizando argumentos legales improcedentes.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez, representante de 562 de las víctimas, ha denunciado que el régimen chavista ha actuado de manera maliciosa para dilatar el desarrollo del procedimiento legal, han presentado peticiones improcedentes y argumentado que la Justicia venezolana es competente para investigar los casos denunciados. Sin embargo, la Fiscalía de la CPI considera que ella es la entidad competente para llevar a cabo esta investigación.
Gutiérrez argumenta que tanto el Código Penal como el sistema judicial venezolano carecen de seguridad y credibilidad para proteger a las víctimas, y más bien favorecen a los responsables de los crímenes. El régimen ha solicitado la suspensión de la investigación, y ahora los jueces de la sala de cuestiones preliminares deben decidir si se permite que esta investigación continúe.
Como parte de este proceso, se llevó a cabo una consulta en la que se invitó a todas las personas que se consideran víctimas a manifestarse ante la CPI. Se presentaron 1.875 formularios que identifican a 8.900 personas, incluyendo a 630 familias. Toda la argumentación y pruebas recopiladas se encuentran en manos de los jueces de la CPI, y se espera que durante este año tomen una determinación sobre el caso.
La decisión de los jueces puede ser continuar la investigación por parte de la Fiscalía o dar una oportunidad al sistema de Justicia venezolano para que cumpla con su deber, primando el principio de complementariedad positiva. Sin embargo, Gutiérrez cuestiona fuertemente la posibilidad de obtener justicia en Venezuela, ya que considera que todos los procedimientos judiciales están políticamente manipulados por la dictadura. Según él, tanto la Fiscalía como los tribunales están cooptados por el régimen, al igual que los órganos represivos.
El opositor venezolano Leopoldo López, exiliado en España, subraya la relevancia de escuchar las voces de las víctimas que se encuentran fuera de Venezuela. Destaca que estas personas fueron víctimas de persecución, tortura y asesinato por parte del régimen de Nicolás Maduro. López argument
