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¿En qué status se encuentra el caso de Juan Pablo Pernalete?

Hoy se está cumpliendo un año desde que el joven Juan Pablo Pernalete falleciera en una protesta antigubernamental y las versiones sobre la muerte de este estudiante aún es contradictoria, ya que la parte oficial indica que falleció producto de un tiro de un perno para asesinar al ganado, mientras un informe forense practicado por el Ministerio Público al momento que se encontraba Luisa Ortega Díaz, habría desmentido esta hipótesis e indicó que murió tras ser impactado con una bomba lacrimógena a corta distancia en el pecho.

 

Como se recordará el hecho ocurrió cuando Pernalete se encontraba protestando en Altamira, cuando fue impactado en el pecho por una bomba lacrimógena lanzada por la Guardia Nacional que se encontraba reprimiendo la referida manifestación. Esto según información dada por la fiscal de República en una rueda de prensa.

 

Este caso meses después de ocurrir, no pasó de que su expediente estuviera   saliéndole tela de araña en un archivo en la fiscalía, la familia acude ante el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Plena para solicitar un antejuicio de mérito para altos representantes del Gobierno nacional, para, lograr justicia en el asesinato de su hijo, pero, sin embargo, no pasó de un simple trámite burocrático ya que no prosperó y nuevamente sería archivado el expediente.

 

El 16 de febrero de 2018, sus familiares explicaron públicamente en rueda de prensa, que a pesar de tener todas las pruebas y el expediente estar completo, a 10 meses de los hechos, el presunto culpable aún no había sido identificado. El caso continúa paralizado en tribunales.

 

“Tiene que haber justicia. Nosotros somos la voz de nuestro hijo en la tierra. Si se apaga nuestra voz, se apaga la de él”, dijeron familiares de Juan Pablo a Amnistía Internacional. Justicia, verdad y reparación para la familia Pernalete.

 

 

Ante la falta de respuesta de las autoridades venezolanas ante la muerte del joven estudiante de contaduría, sus familiares acudieron hoy a un año de su partida física, para realizar una denuncia del hecho ante las Naciones Unidas, donde narró cómo murió a manos presuntamente de la Guardia Nacional.

 

Específicamente, denunciamos que se ha violado el derecho a la vida, el derecho a manifestarse libremente, el derecho a la reunión. Que nos han sometido a nosotros, a los padres de Juan Pablo, a tratos inhumanos y degradantes al denegarnos la Justicia y al llamar a nuestro hijo delincuente. Y denunciamos que se sometió a mi hijo a una ejecución extrajudicial”, agregó.

 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados parte y es competente para examinar quejas individuales contra ellos, siempre que el Estado denunciado haya ratificado el primer protocolo adicional a la Convención.

 

La entonces fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz confirmó el pasado 24 de mayo que la muerte del joven se debió al impacto de un cartucho de gas lacrimógeno lanzado directamente a su pecho, durante una manifestación opositora que tuvo lugar el 26 de abril de 2017 y que aquel fue disparado por un agente de la Guardia Nacional.

 

El resultado de la investigación desvelado por la ahora extitular del Ministerio Público fue en su día contrario a la versión del Gobierno venezolano, que aseguró que la víctima murió por el impacto de “un arma no convencional” y responsabilizó a los propios opositores del fallecimiento del estudiante.

 

Precisamente, José Pernalete denunció que, cuando Ortega fue destituida, las autoridades que la sustituyeron al frente del Ministerio Público no prosiguieron con la investigación del caso de su hijo.

 

“Cuando las nuevas autoridades asumieron, el caso de nuestro hijo fue encajonado, se nos negaba la información, el caso fue prácticamente cerrado, denegándonos la Justicia y la individualización de quién disparó el cartucho”, denunció.

 

Reiteró que la versión que expuso Ortega fue negada por otras autoridades venezolanas, a pesar de que toda la información avalaba su versión.

 

“Los vídeos, la parte balística, la parte forense, testigos, todos los elementos de convicción, técnicos, que determinaron que fue un guardia nacional que asesinó a nuestro hijo lo prueban, ellos no tienen cómo denegarlo y, en cambio, salieron a denegarnos la Justicia”, recalcó.

 

Por ello, Pernalete denunció ante el Tribunal Supremo de Justicia a “varios” funcionarios venezolanos “por haber hecho declaraciones públicas con el objetivo de crear una matriz de opinión completamente falsa y sesgada con la intención de desvirtuar los hechos y la investigación del Ministerio Público”.

 

Tras presentar la denuncia ante el Comité, se reunió con la alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Kate Guilmore, quien se mostró “receptiva”, según José Pernalete, y le dijo que la Oficina seguiría observando la situación sobre su caso en particular y sobre Venezuela en general.

 

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Acerca del Autor

Martín Flores Araujo

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Cecilio Acosta de Maracaibo, estado Zulia. Músico, Oboísta y compositor, Es autor de varias obras Musicales y Literarias, además de haber realizado diversos Documentales y videos institucionales, así como diversos trabajados en medios tanto impresos como digitales.

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