Un juez federal de Rhode Island declaró ilegales varias políticas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump que habían paralizado durante meses solicitudes de asilo, permisos de trabajo, residencias permanentes y procesos de ciudadanía para personas provenientes de 39 países, entre ellos Venezuela.
La decisión representa un importante revés judicial para las medidas migratorias adoptadas por el gobierno estadounidense y podría beneficiar a miles de inmigrantes que permanecían en un limbo legal.
Tribunal consideró ilegales las medidas
El fallo fue emitido por el juez federal John McConnell Jr., quien concluyó que las políticas aplicadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) eran arbitrarias, caprichosas y contrarias a la ley.
Según el magistrado, las restricciones dejaron a numerosos inmigrantes sin respuestas sobre sus trámites durante meses, pese a haber cumplido con los procedimientos establecidos por la legislación estadounidense.
Asimismo, sostuvo que la agencia migratoria actuó sin la autoridad legal necesaria para imponer este tipo de suspensiones generalizadas.
Venezolanos figuraban entre los afectados
Las medidas afectaban a ciudadanos de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio.
Entre las naciones latinoamericanas incluidas en las restricciones figuraban Venezuela, Cuba, Haití, Antigua y Barbuda, y Dominica. Como consecuencia, miles de personas vieron paralizados sus trámites de asilo, permisos laborales, residencias permanentes y solicitudes de naturalización.
El juez destacó que las restricciones no estaban relacionadas con conductas individuales de los solicitantes, sino únicamente con su país de nacimiento.
Políticas surgieron tras incidente de seguridad
Las medidas comenzaron a aplicarse después de un ataque ocurrido en Washington en noviembre de 2025, cuando un ciudadano afgano fue señalado de participar en un tiroteo que dejó víctimas dentro de la Guardia Nacional.
Posteriormente, la administración Trump amplió las restricciones migratorias a ciudadanos de decenas de países bajo argumentos vinculados a la seguridad nacional.
Sin embargo, McConnell concluyó que las justificaciones presentadas por las autoridades eran insuficientes y que las decisiones no estaban respaldadas por la legislación vigente.
Organizaciones celebraron la decisión
Diversas organizaciones de defensa de inmigrantes respaldaron la demanda que derivó en el fallo judicial.
Entre ellas figuraban agrupaciones de venezolanos radicados en Estados Unidos y sindicatos laborales que denunciaban que las medidas bloqueaban vías legales de inmigración y perjudicaban a miles de familias.
Tras conocerse la sentencia, representantes de estas organizaciones calificaron la decisión como una reafirmación del principio de que el gobierno no puede discriminar a las personas por su nacionalidad ni cerrar arbitrariamente mecanismos legales de inmigración.
¿Qué ocurre ahora?
La decisión judicial obliga a USCIS a retomar la tramitación de las solicitudes que habían sido suspendidas bajo estas políticas.
Aunque el gobierno estadounidense podría apelar el fallo, la sentencia supone una victoria significativa para miles de inmigrantes que permanecían a la espera de respuestas sobre sus casos migratorios.
Por ahora, la medida abre nuevamente la puerta para que ciudadanos venezolanos y de otros 38 países puedan continuar con procesos migratorios que permanecían congelados desde hace varios meses.
