Una jueza federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) pagar 165.000 dólares por honorarios y gastos legales. Esto al considerar que la agencia actuó sin justificación al deportar a un ciudadano venezolano al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad ubicada en El Salvador.
La decisión fue emitida por la jueza federal Stephanie Gallagher, del Distrito de Maryland, quien concluyó que el Gobierno incumplió un acuerdo judicial previamente alcanzado en una demanda colectiva relacionada con menores migrantes no acompañados.
Jueza ordenó al DHS pagar por deportación de venezolano
De acuerdo con documentos judiciales reseñados por The Daily Record, el venezolano, identificado únicamente como “Cristian”, fue deportado antes de que las autoridades resolvieran su solicitud de asilo.
La magistrada sostuvo que el DHS actuó sin una justificación suficiente al ejecutar la expulsión y, por ello, ordenó el pago de 165.000 dólares para cubrir los honorarios y gastos legales derivados del litigio.
Cuestionó la presunta vinculación con el Tren de Aragua
En su decisión, Gallagher señaló que el Gobierno calificó al migrante como integrante de la organización criminal Tren de Aragua sin respetar el debido proceso.
Según la jueza, las autoridades procedieron con la deportación antes de que el ciudadano venezolano pudiera agotar los mecanismos legales correspondientes dentro de su proceso migratorio.
La magistrada concluyó que el Ejecutivo no estaba “sustancialmente justificado” al atribuirle esa presunta pertenencia y expulsarlo del país.
Formaba parte de una demanda colectiva
El venezolano integra una demanda colectiva presentada hace siete años en representación de menores extranjeros no acompañados que ingresaron a Estados Unidos sin estatus migratorio regular y sin un tutor legal.
Ese acuerdo establecía determinadas garantías procesales para este grupo de migrantes mientras sus casos permanecieran pendientes de resolución ante las autoridades de inmigración.
El caso continúa generando repercusiones
La decisión representa un nuevo revés judicial para el Departamento de Seguridad Nacional en relación con procedimientos migratorios cuestionados ante los tribunales federales.
Aunque la jueza ordenó el pago de los honorarios legales por considerar injustificada la actuación del DHS, el proceso relacionado con la situación migratoria del ciudadano venezolano continúa siendo objeto de actuaciones judiciales.
