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Magnicidio de Goméz Hurtado, 25 años de impunidad que FARC promete esclarecer

La antigua guerrilla de las FARC sorprendió este sábado al atribuirse el asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, crimen que hace 25 años estremeció a Colombia y que hasta hoy sigue en la impunidad.

«Hoy, a pocos días de cumplirse 25 años de este asesinato, los miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho», dijeron jefes de la antigua guerrilla en un comunicado.

Los firmantes del documento reconocieron que el excandidato presidencial, tiroteado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, en la que era catedrático, era considerado por el grupo como «un objetivo militar» y «enemigo de clase».

Además, aseguraron que no pretenden escudar su «responsabilidad en la larga confrontación armada», sino que desean «que la familia de Gómez Hurtado y el país conozcan toda la verdad», por lo que explicarán ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad por qué decidieron callar este hecho todos estos años.

CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

El asesinato de Gómez Hurtado, de 76 años de edad, candidato presidencial en tres oportunidades, las dos primeras (1974 y 1986) por el Partido Conservador, y la última en 1990 por el Movimiento de Salvación Nacional, fue declarado como crimen de lesa humanidad en 2017 lo que evita la posibilidad de que prescriba la investigación.

La atribución de ese homicidio fue firmada por el jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, y por otros antiguos mandos de la guerrilla, como Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Juan Ermilo Cabrera, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape Lascarro y Rodrigo Granda.

«Reconocemos que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez Hurtado. Hemos leído sus biografías y hoy sabemos que su contribución a la paz del país habría sido fundamental. Pero la guerra nubla la mirada del futuro y sólo permite ver la realidad en blanco y negro para dividirla en amigos y enemigos», dijeron.

Este sábado la JEP anunció que las FARC también prometieron aportar verdad sobre los asesinatos de los exguerrilleros Hernando Pizarro León-Gómez (1995) y José Fedor Rey, conocido como «Javier Delgado» (2002); del exconsejero de Paz Jesús Antonio Bejarano (1999), del exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes (1998) y del exrepresentante a la Cámara Pablo Emilio Guarín (1987).

APORTES A LA VERDAD

El reconocimiento público de las FARC levantó fuertes reacciones en el país, empezando por el presidente Iván Duque, discípulo de Gómez Hurtado en la Universidad Sergio Arboleda, quien aseguró que han sido «25 años de sufrimiento para la familia Gómez» y «25 años pidiendo justicia».

«Hace 25 años yo estaba en la universidad y me tocó escuchar las metrallas asesinas que acabaron con la humanidad de uno de los más grandes colombianos, de Álvaro Gómez Hurtado», manifestó Duque en un pronunciamiento en el que cuestionó que las FARC se atribuyan el crimen dos décadas después cuando, dijo, gozan de beneficios jurídicos en la JEP.

«Algunos miembros se han atribuido ese hecho y (dicen) que van a decirle eso a la JEP. Obviamente que la justicia cumpla con su tarea, pero también que no vaya a permitir que por una vía se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato», subrayó Duque.

Según el mandatario, ese reconocimiento «no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones», por lo que advirtió a la justicia que debe contrastar la información de las FARC con las versiones de la familia de Gómez para que «ese crimen horrendo sea esclarecido y no quede ningún ápice de duda».

«Si alguien se lo atribuye y no corresponde a la verdad, (que) también se entienda que se está cometiendo un delito para obstruir la justicia de nuestro país. Que la justicia haga lo que tiene que hacer, que la justicia especial oiga los testimonios que tenga que oír pero (…) que después se cotejen cómo son realmente las circunstancias», agregó.

MANTO DE IMPUNIDAD

Durante 25 años las autoridades colombianas han investigado el asesinato de Álvaro Gómez, hijo del expresidente Laureano Gómez, y uno de los homicidios que más han estremecido al país, sobre cuya autoría se han tejido numerosas hipótesis.

El asesinato de Gómez se produjo en un periodo de gran agitación política en Colombia, que por entonces estaba inmersa en un escándalo por la supuesta financiación del cartel del narcotráfico de Cali a la campaña electoral del presidente Ernesto Samper (1994-1998), del cual el político conservador era un severo crítico.

Precisamente, Samper fue acusado en 2007 por su exministro de Defensa e hijo del famoso pintor y escultor del mismo nombre, Fernando Botero Zea, quien aseguró que Gómez Hurtado fue asesinado para tapar el escándalo que sacudió al mandatario cuando fue involucrado con narcotraficantes del cartel de Cali.

Desde entonces, una de las tesis más fuertes sobre el magnicidio es que Gómez fue asesinado por negarse a hacer parte de una conspiración que buscaba sacar a Samper del poder, como lo aseguró en febrero de este año el mismo expresidente en una comparecencia voluntaria ante la Comisión de la Verdad.

En esa diligencia Samper reconoció que pese a que Gómez Hurtado era su rival político, al mismo tiempo era su «amigo personal» y recordó que gestionó la libertad del político conservador cuando fue secuestrado en 1988 por la entonces guerrilla del M-19.

OTROS CRÍMENES

Los miembros del antiguo Secretariado de las FARC también ofrecieron verdad por los asesinatos de los exguerrilleros José Fedor Rey y Hernando Pizarro León-Gómez, este último hermano del excomandante de la guerrilla del M-19 Carlos Pizarro.

En cuanto al exconsejero de Paz Jesús Antonio Bejarano, quien participó en las negociaciones de paz con las FARC que tuvieron lugar en Caracas y Tlaxcala (México) a comienzos de la década del 90, fue perpetrado el 15 de septiembre de 1999 en la Universidad Nacional en Bogotá.

El homicidio del general retirado Fernando Landazábal Reyes, que fue ministro de Defensa en el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), fue perpetrado en su casa en Bogotá el 12 de mayo de 1998.

Finalmente, el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín, asesinado el 15 de noviembre de 1987 en una carretera cerca de Bogotá, fue un dirigente político de la localidad de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, donde en los años impulsó la creación de grupos paramilitares que sembraron el terror en la región del Magdalena Medio.

Fuente: EFE

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Redacción - El Clarín

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