Nueva Ley de Arrendamientos en Venezuela. La normativa introduce cambios relevantes para propietarios e inquilinos, incluyendo la posibilidad de pactar alquileres en dólares, la reincorporación de medidas cautelares y mecanismos judiciales orientados a agilizar la restitución de los inmuebles.
La abogada Cora Farías Altuve, especialista en derecho inmobiliario, inquilinario, propiedad horizontal y contratos inmobiliarios, considera que las modificaciones podrían incentivar a propietarios que actualmente mantienen sus viviendas cerradas a incorporarlas nuevamente al mercado de alquiler.
Nueva Ley de Arrendamientos en Venezuela
Durante una entrevista concedida a Onda La Superestación, Farías calificó como un “buen inicio” los cambios introducidos por la legislación.
La especialista considera que la normativa intenta recuperar la seguridad jurídica dentro del mercado inmobiliario, aunque pidió mantener cautela hasta observar cómo será aplicada en la práctica.
Uno de los problemas que busca abordar es la resistencia de propietarios a colocar sus inmuebles en alquiler ante el temor de enfrentar posteriormente dificultades para recuperarlos.
¿Se podrán cobrar alquileres en dólares?
Uno de los cambios destacados por Farías es la posibilidad de pactar contratos de arrendamiento en dólares.
“Ahora se va a poder pactar en dólares”, explicó la especialista.
Sin embargo, también existiría la posibilidad de realizar el pago correspondiente en bolívares utilizando como referencia la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Asimismo, Farías señaló que el monto del alquiler podrá ser reajustado anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Esta modificación introduce un mecanismo para actualizar el valor de los contratos frente a las variaciones de precios registradas durante su vigencia.
¿La nueva ley aplica a contratos anteriores?
No. Este es uno de los puntos más importantes señalados por la especialista.
La nueva Ley de Arrendamientos en Venezuela no tendría carácter retroactivo, por lo que sus disposiciones se aplicarían a los contratos celebrados después de su publicación en Gaceta Oficial.
“Es para todos los contratos que se suscriban a partir de su publicación en Gaceta; los juicios anteriores se rigen por la ley de 2011”, explicó Farías.
Por tanto, los propietarios que actualmente mantienen litigios no podrán trasladar automáticamente sus casos al nuevo régimen.
¿Qué pasa con los juicios de arrendamiento en curso?
Los procesos y sentencias que quedaron sometidos a la legislación de 2011 continuarán tramitándose bajo ese marco jurídico.
Farías también hizo referencia a los efectos de una medida de la Sala Constitucional de 2015, indicando que los procedimientos anteriores permanecerán bajo el esquema existente.
En consecuencia, las modificaciones están orientadas fundamentalmente hacia nuevas relaciones contractuales entre propietarios e inquilinos.
Buscan acelerar la recuperación de inmuebles
Otro cambio importante sería la posibilidad de acudir al denominado juicio breve inquilinario.
Según Farías, este mecanismo permitiría solicitar de una manera más expedita la restitución de una propiedad.
“Puedes optar por el juicio breve inquilinario de manera expedita para lograr la restitución del inmueble”, explicó.
La reincorporación de medidas cautelares también podría proporcionar mayores herramientas jurídicas durante los procedimientos.
¿Podrían volver más viviendas al mercado de alquiler?
Este será uno de los principales efectos que habrá que observar después de la aplicación de la legislación.
Durante años, propietarios venezolanos han optado por mantener inmuebles desocupados ante la percepción de inseguridad jurídica y las dificultades asociadas con determinados procesos de desalojo o restitución.
La posibilidad de establecer contratos en divisas, actualizar los cánones y disponer de mecanismos judiciales más rápidos podría modificar esos incentivos.
Sin embargo, Farías advierte que todavía será necesario evaluar la implementación práctica de la nueva Ley de Arrendamientos en Venezuela para determinar si efectivamente consigue generar mayor confianza entre propietarios e inquilinos y aumentar la oferta de viviendas disponibles para alquiler.
