Un venezolano confesó haber asesinado a médico en Perú, quedó libre después de que venciera el plazo de nueve meses de prisión preventiva que cumplía mientras avanzaba el proceso judicial.
José Miguel Espí González es el principal investigado por la muerte del cirujano plástico Carlos Antonio Mendo Castillo. Según la investigación, habría reconocido su participación en el crimen. Tras recuperar la libertad el 24 de agosto, se emitió una orden de captura en su contra, pero hasta ahora no ha sido localizado.
Venezolano acusado de asesinar a médico en Perú quedó libre
Espí González permanecía privado de libertad mientras se desarrollaba el proceso por el asesinato ocurrido en febrero de 2025.
Sin embargo, los nueve meses de prisión preventiva establecidos en su caso vencieron sin que se llegara a juicio y el acusado salió del penal.
La situación provocó fuertes cuestionamientos de los familiares de Mendo Castillo, quienes atribuyen lo ocurrido a las demoras acumuladas dentro del Poder Judicial.
La principal preocupación de la familia es que el investigado pueda abandonar Perú antes de ser localizado nuevamente por las autoridades.
Investigación había terminado desde septiembre de 2025
La Fiscalía concluyó la investigación del asesinato aproximadamente siete meses después del crimen, en septiembre de 2025. Sin embargo, el expediente posteriormente permaneció varios meses en la Corte Superior de Justicia de Lima Este.
No fue hasta marzo de 2026 cuando se realizó la audiencia de control de acusación. Posteriormente, en mayo, se emitió el auto de enjuiciamiento que permitía llevar el caso a la siguiente etapa judicial.
La defensa de la familia sostiene que estos procedimientos debieron resolverse en un período considerablemente menor y cuestiona que los retrasos terminaran afectando la situación del principal acusado.
Investigan posibles responsabilidades por las demoras
Ante lo ocurrido, se planteó solicitar la intervención de la Oficina de Control del Poder Judicial para determinar si existieron responsabilidades relacionadas con los retrasos.
Los cuestionamientos se concentran en la actuación del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de El Agustino, a cargo de la jueza Pilar Noemí Aguinaga López.
La revisión deberá determinar si las demoras respondieron al desarrollo ordinario del expediente o si existió alguna irregularidad susceptible de responsabilidad disciplinaria.
La familia también anunció que prepara acciones legales por una presunta negligencia del sistema judicial.
Habría confesado su participación en el crimen
Uno de los elementos más relevantes del caso es que Espí González habría admitido ante las autoridades su participación en el homicidio, según la investigación. Las pesquisas sostienen además que el venezolano habría recibido ayuda para planificar el asesinato.
Sin embargo, pese a esa presunta admisión y a los elementos recopilados durante la investigación, el proceso todavía no había culminado con una sentencia cuando venció la prisión preventiva.
Por ello, Espí González continúa siendo jurídicamente un acusado y su responsabilidad definitiva deberá establecerse en juicio.
¿Por qué habrían asesinado al cirujano?
La investigación policial apunta a un posible móvil económico. Según las pesquisas, Espí González habría pagado 3.800 soles a un ciudadano colombiano para ejecutar el asesinato de Carlos Antonio Mendo Castillo.
Las autoridades consideran que detrás del crimen habría existido un interés relacionado con el dinero del médico y el acceso a sus cuentas bancarias. Estos elementos forman parte de la hipótesis que deberá ser evaluada judicialmente durante el proceso.
Salió del penal y ahora tiene orden de captura
Espí González recuperó la libertad el 24 de agosto tras el vencimiento de la prisión preventiva. Posteriormente se emitió una orden de captura en su contra. Sin embargo, hasta el momento de los últimos reportes, las autoridades no habían conseguido ubicarlo.
La familia teme que el venezolano acusado de asesinar al médico en Perú pueda aprovechar el período en libertad para abandonar el país y evadir el proceso judicial.
El caso continúa abierto mientras las autoridades intentan localizar al investigado y los familiares de la víctima exigen que se determinen responsabilidades por las demoras que permitieron su excarcelación.
