El Parlamento portugués ha aprobado una propuesta del Gobierno socialista para ampliar el plazo de prescripción en casos de abuso sexual infantil.
La nueva ley permitiría que los delitos no prescriban hasta que la víctima cumpla 25 años, y en casos más graves, hasta que cumpla 33 años, propuesta que se suma a otras ya en trámite por la Cámara con el mismo objetivo, pero con diferentes períodos temporales.
La lucha contra el abuso sexual infantil es un tema sensible y complejo que requiere de una atención especial por parte de las autoridades. En Portugal, la iniciativa del Gobierno socialista de ampliar el plazo de prescripción en casos de abuso sexual infantil ha sido bien recibida por algunos sectores, mientras que otros han criticado la presentación de esta propuesta en una única norma con otros temas.
La propuesta aprobada este viernes por el Parlamento portugués es un paso importante hacia la justicia para las víctimas de abuso sexual infantil. La nueva ley permitiría que los delitos no prescriban hasta que la víctima cumpla 25 años, lo que significa que tendrían más tiempo para denunciar los delitos y buscar justicia.
Además, en casos más graves, el plazo de prescripción se ampliaría hasta que la víctima cumpla 33 años, esta propuesta se suma a otras que ya están en trámite en la Cámara con el mismo objetivo, pero con diferentes períodos temporales.
Los partidos políticos han criticado al Gobierno por presentar la iniciativa cuando ya se había iniciado el trámite parlamentario sobre la cuestión en la Comisión de Asuntos Constitucionales y por incluir la prescripción en una única norma con otros temas.
La propuesta, que transpone una directiva europea, también amplía el delito de discriminación e incitación al odio y a la violencia y realiza modificaciones en la lucha contra el fraude lesivo de los intereses financieros de la Unión Europea.
El debate sobre la ampliación de los plazos de prescripción en los delitos sexuales contra menores en Portugal surgió a raíz de la investigación sobre este fenómeno en la Iglesia católica lusa, donde una comisión de expertos concluyó que hay al menos 4.815 víctimas de abusos en Portugal desde 1950 y que decenas de sacerdotes sospechosos seguían en activo.