Desde el derribo de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, se ha empezado a construir lo que para muchos es un mito: la presencia del extremismo islámico a lo largo de la frontera de 3.110 kilómetros entre México y Estados Unidos.
Esta semana lo volvió a poner sobre la mesa una organización conservadora estadounidense.
Judicial Watch aseguró que el grupo Estado Islámico, que controla partes de territorio en Irak y Siria y que ha ganado notoriedad por la decapitación de rehenes occidentales, opera dos campos en el estado fronterizo de Chihuahua.
La organización denunció que hay una célula del grupo yihadista en Anapra, un suburbio de Ciudad Juárez en la propia frontera con Estados Unidos.
Otra de ellas estaría en la municipalidad de Puerto Palomas, 160 kilómetros al oeste de Ciudad Juárez.
Judicial Watch indicó que sus fuentes incluyen un oficial del ejército mexicano y un inspector de la Policía Federal del país.
La respuesta mexicana no se hizo esperar.
«El gobierno de México desestima y niega categóricamente cada una de las afirmaciones«, aseguró en su cuenta en Twitter Sergio Alcocer, subsecretario para América del Norte de la cancillería mexicana.
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