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TSJ a la orden de la ANC para investigar a dirigentes políticos

El TSJ respondió a la decisión de la ANC de dar inicio a un "juicio histórico" contra los dirigentes de la oposición por pedir y respaldar las sanciones económicas dictadas por Estados Unidos contra el país.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) se puso a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), conformada solo por oficialistas, para dar inicio a una investigación a dirigentes políticos por el delito de traición a la patria.

El TSJ respondió así a la decisión de la ANC de dar inicio a un «juicio histórico» contra los dirigentes de la oposición por supuestamente pedir y respaldar las sanciones económicas dictadas por Estados Unidos contra el país.

«Estamos esperando que la Asamblea Nacional Constituyente formalice la solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia, como resultado de su decisión soberana», dijo el presidente del TSJ, Maikel Moreno.

«Quienes pregonan sentir al país y sufrir por la Patria, son los mismos que llevaron a decenas de jóvenes a morir en las calles, y ahora piden al mundo agresiones económicas para seguir haciendo sufrir al pueblo sin importar sus consecuencias», dijo Moreno.

Señaló, además, que la ANC «con su carácter supraconstitucional y el Poder Originario que le ha concedido el pueblo venezolano» está facultada «para dirigir cualquier tipo de acciones en resguardo de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial y económica del país».

Ayer, durante la sesión de la ANC, se aprobó un decreto para «iniciar conjuntamente con los órganos del Estado competentes un juicio histórico por traición a la patria» contra los dirigentes opositores que supuestamente han pedido y apoyado las sanciones económicas de EE.UU.

En el decreto se indica que la oposición, agrupada en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) «ha trabajado de manera sostenida para lograr» las sanciones de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el pasado viernes una orden ejecutiva en la que prohíbe las «negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal», en las primeras sanciones al sistema financiero venezolano.

Las medidas prohíbe, además, las «negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela».

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Joeylena Pacheco

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