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Abogado en caso del delivery asesinado en Chile: «Un crimen por odio»

«Sin duda estamos en presencia de un crimen por odio, y no descartamos implementar la ley Zamudio», consideró el abogado, Víctor Mallea, querellante en el caso del delivery venezolano Heberth Sánchez, asesinado en Chile por un cliente.

Recordamos que el 28 de diciembre una noticia impactó a los chilenos, pero más a los migrantes que una vez dejaron Venezuela en búsqueda de una mejor calidad de vida y se fueron a cobijar a ese país, cuando un suceso y les sacó lágrimas, al igual que a los venezolanos que permanecen en el país, cuando se informó que el joven trabajador delivery de 19 años, Heberth Sánchez, que hace un año y siete meses había llegado a Chile, y perdió la vida de manos de uno asesino, que pidió sus servicios y porque tardó menos de un cuarto de hora de hora en su entrega fue apuñalado vilmente.

El parte policial dijo en ese entonces que Sánchez fue asesinado en un edificio en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana.

El atacante fue identificado como Tomás Aguirre Martínez, de 29 años, quien se mostró molesto por la demora con la llegada de su pedido.

Ayer 24 Horas TV canal en Chile, entrevistó al abogado querellante en este caso, Víctor Mallea, quién a petición de los familiares de Sánchez adelanta la solicitud por homicidio calificado ante un tribunal y dijo: «estamos en presencia de un crimen por odio y no descartamos implementar la ley zamudio como circunstancia agravante».

Para Mallea, «estaríamos en presencia de un crimen por odio, y no nos cabe la menor duda que es por la nacionalidad de la víctima (venezolano), es decir, el origen de nuestro representado, víctima de este homicidio, que serían las circunstancias que motivaron al imputado a quitarle la vida», consideró Mallea.

Abogado Víctor Mallea. Foto: cortesía.

Ley zamudio en Chile

Es la llamada Ley Antidiscriminación, que establece el derecho a no ser discriminado.

Es el derecho de todos los seres humanos a ser iguales en dignidad.

Tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.
Se paga con cárcel y multas considerables.

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