El municipio Jesús E Lossada, en La Concepción, Zulia, fue escenario de un hecho alarmante el pasado martes 30 de mayo. Otto Fernández, un joven comerciante dedicado a la compra y venta de vehículos y maquinarias, fue capturado sin justificación aparente por funcionarios del Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas).
Esta no fue la primera vez que Fernández fue víctima de este tipo de abuso, ya que en 2019 sufrió un secuestro a manos de la PNB (Policía Nacional Bolivariana). En esta ocasión, el rapto se convirtió en tortura y extorsión, donde los agentes policiales le exigieron una suma de 20 mil dólares a cambio de su liberación. Este texto profundizará en los detalles de este caso que ha generado terror en el Cicpc Zulia.
El secuestro y posterior tortura de Otto Fernández por parte de los miembros del Cicpc resultó en una demanda injusta. Bajo coacción y maltrato, fue obligado a firmar un expediente que lo vinculaba con bandas criminales, basado en pruebas falsas plantadas por los propios funcionarios.
Sin embargo, los policías corruptos ofrecieron una alternativa que llamaron “la vía fácil”: el pago en divisas. Exigieron la suma de 20 mil dólares a cambio de su liberación, además de amenazar con confiscar una retroexcavadora que Fernández estaba reparando en el momento de su captura, si no se les pagaba una cantidad adicional en divisas.
Los agentes señalados en este caso son Gustavo Castillo, conocido como “el titular” entre sus compañeros, Miguel Acuña y Yesi Parra, quienes son considerados los funcionarios más corruptos de los cuerpos de seguridad del estado. Estas personas presumen de sus riquezas y están involucradas en múltiples actos ilícitos.
La sede del Cicpc en Vía Aeropuerto, Maracaibo, se ha convertido en el lugar donde mantienen retenida la retroexcavadora de Fernández, acusándolo de “alteración de seriales”.
Tras el pago en divisas y después de sufrir una agonía constante, tanto física como mental, Fernández fue finalmente liberado. Decidió denunciar formalmente los hechos ante la fiscalía, presentando el expediente MP 11248023 f 25. Además, cuenta con grabaciones, conversaciones y notas de voz que certifican las extorsiones y amenazas de muerte tanto a él como a su familia.
Su hermano, el periodista Richard Fernández, quien se encuentra en el extranjero cumpliendo misiones políticas, posee esta evidencia y tiene la intención de presentarla en los medios de comunicación y entregarla formalmente a la Fiscalía.
El caso de Otto Fernández expone el nivel de corrupción y violencia que prevalece en el Cicpc Zulia. La extorsión, el secuestro y la tortura se han convertido en métodos utilizados por funcionarios corruptos para obtener beneficios personales. Este caso particular evidencia la impunidad y la falta de ética entre algunos miembros de los cuerpos de seguridad del estado.
Es necesario que las autoridades competentes, como el Fiscal General, Tareck William Saab, tomen medidas contundentes para buscar justicia y erradicar esta lacra de corrupción. Solo así se podrán garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos frente a este tipo de abusos de poder.
