Nueve oficiales de la brigada motorizada de la Policía del estado Bolívar fueron privados de libertad por el Ministerio Público. Estos funcionarios están involucrados en la presunta extorsión y desvalijamiento del vehículo de un joven, hecho ocurrido el pasado 5 de junio en la urbanización Villa Africana de Puerto Ordaz, municipio Caroní del referido estado.
El fiscal 1º del estado Bolívar, Jairo Chacón, imputó a los funcionarios Harly Flores Velásquez (32), Erick Correa Palma (30), Alexis Rafael Díaz (37), Cristóbal Silva Salinas (23) y Jorge Pérez Ugas (28), por ser coautores de la presunta comisión de los delitos de extorsión agravada, robo agravado, desvalijamiento de vehículo automotor, privación ilegítima de la libertad y asociación para delinquir.
Por otro lado, los funcionarios Joshua Morales Rojas (25), Énride Maza Sifontes (41), Jonnhatan López Mendoza (24) y Alberto Piñero Muñoz (25) fueron imputados como cómplices de los delitos mencionados.
Ahora bien, estos delitos están previstos en las leyes Contra la Extorsión y Secuestro; el Robo y Hurto de Vehículos Automotores; Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y en el Código Penal.
Asimismo, el Tribunal 2º de Control de Puerto Ordaz dictó la medida privativa de libertad contra los nueve funcionarios, quienes permanecerán recluidos en el Centro de Coordinación Policial Brisas del Orinoco, en Ciudad Bolívar.
Estos funcionarios, de acuerdo con la investigación preliminar, incurrieron el pasado 5 de junio detuvieron a un joven, en la urbanización Villa Africana de Puerto Ordaz, a quién le desvalijaron su vehículo y lo despojaron de la cantidad de 15 mil bolívares.
Posteriormente los hoy privados de libertad se comunicaron telefónicamente con el padre del retenido, que es un comerciante, para solicitarle 500 mil bolívares por su liberación. De lo contrario, amenazaron con incriminarlo en un hecho punible relacionado con drogas.
Ante esta situación el comerciante decidió denunciarlo ante el Ministerio Público, por lo que el 9 de junio, el fiscal del caso coordinó con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) una entrega controlada de dinero, entre el padre de la víctima y los funcionarios involucrados en la sede del aludido centro de coordinación policial.
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