Más de 250 fiscalizaciones a establecimientos comerciales y empresas realizó la Superintendencia de Precios Justos en el estado Aragua en enero de este año, como parte de la lucha contra la guerra económica y garantizar a la población el acceso a productos de primera necesidad.
La coordinadora de la superintendencia en Aragua, Vicyhomir D’Agosto, ofreció la información este miércoles a la Agencia Venezolana de Noticias y ofreció un balance sobre el trabajo realizado en Aragua en el primer mes de este año para combatir el acaparamiento, la especulación y el bachaqueo de productos regulados.
Explicó que en las fiscalizaciones efectuadas se detectaron irregularidades en la venta de productos, así como el incumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), por lo cual se aplicaron sanciones y multas que suman 83.700 unidades tributarias.
En enero se llevaron a cabo más de 740 ventas supervisadas en los 18 municipios de Aragua, en comercios dedicados a la venta de alimentos, detergentes y productos de higiene personal, lo que permitió al pueblo acceder a los rubros de la cesta básica a precios justos.
«Estas ventas han sido realizadas en abastos, supermercados, distribuidoras de pollo y diferentes empresas de alimentos de la entidad que han sido supervisadas y fiscalizadas por los equipos de trabajo», apuntó.
D’Agosto indicó que las ventas supervisadas se han efectuado de manera controlada y organizada, gracias a la participación de los fiscales, inspectores populares, Círculos de Lucha Popular, Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh), Inspectores de la Presidencia de la República y efectivos militares y policiales que se encargan mantener el orden en las colas.
En esta labor apoyan funcionarios de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Nº 44 Aragua, a cargo del general de división Jesús Suárez Chourio; del 421 Destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, así como de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía de Aragua y policías municipales.
De igual forma, en las fiscalizaciones participa personal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime).
«Estamos trabajando de manera coordinada con todas las instituciones del Estado, con el apoyo del gobernador Tareck El Aissami y del general Jesús Suárez Chourio, fiscalizando toda la cadena de comercialización, desde el fabricante, distribuidores, comercializadoras y establecimientos comerciales, hasta llegar al vendedor final, para asegurar que los alimentos lleguen al pueblo, sin especulación», puntualizó.
D´Agosto dijo que continuarán en la calle supervisando comercios, distribuidores y empresas para derrotar la guerra económica perpetrada por sectores de la derecha nacional e internacional para afectar la economía venezolana y tratar de derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
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