Además, «condena a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos crímenes», según recoge un comunicado de la OEA.
EL GOBIERNO TACHA DE «INFAME» EL INFORME
Ante esta situación, el Gobierno venezolano replicó en su comunicado con un «categórico rechazo al infame informe» que; consideran, tiene como objetivo «cuestionar el trabajo de la CPI, sobre la base de difamaciones sin sustento en materia de derechos humanos en Venezuela».
El Ejecutivo también critica a Almagro, de quien dice que «no pierde oportunidad para mostrar su desprecio por los derechos humanos y aplicar un descarado doble rasero selectivo, con fines meramente intervencionistas».
En su opinión, la OEA desconoce la personalidad jurídica de la CPI, sus funciones y atribuciones.
«Olvidan Luis Almagro y sus secuaces que los miembros de la Fiscalía de la CPI no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a ese cuerpo», agrega el comunicado.
Por eso, creen que el informe carece «de toda base jurídica en relación a la situación de los derechos humanos en Venezuela; constituye una evidente operación de propagada contra las instituciones venezolanas y sus autoridades».
Finalmente, el Gobierno venezolano «recuerda que la OEA y su secretaría general no poseen competencias jurisdiccionales para erigirse como un tribunal internacional de derechos humanos ni para recabar informaciones que induzcan a determinar responsabilidades penales internacionales».
EFE
