La Conferencia Episcopal Venezolana aseguró estar consternada y adolorida por los abusos sexuales que se cometen en las instancias religiosas del país. Esta posición la asumió este miércoles la Iglesia católica dos semanas después de que The Washington Post publicó una investigación que reveló que sacerdotes condenados en el país por esos delitos regresaron, presuntamente, al ministerio.
“Los abusos sexuales constituyen un delito y grave pecado contra la vida y la dignidad de la persona, particularmente cuando afectan a los más débiles. Lamentablemente, también miembros de la Iglesia han cometido estos abusos, provocando profundas heridas en la vida de las víctimas”, señalaron los arzobispos y obispos en un comunicado, que leyó el monseñor Mario Moronta, obispo de la Diócesis de San Cristóbal, en una rueda de prensa.
En la investigación, firmada por la periodista Ana Vanessa Herrero y publicada el 21 de junio pasado por el medio estadounidense, se mencionó el caso del cura Luis Alberto Mosquera, quien recibió sentencia en 2006 a más de siete años de prisión por cometer ese delito contra un niño Lara. Sus abogados temían por su seguridad y solicitaron la libertad condicional, que le otorgó un juez. De acuerdo con el reportaje, Mosquera está actualmente en una iglesia, en ese mismo estado, prestando sus servicios.
“Puedo asegurar que el padre (Luis Alberto Mosquera) desde hace algún tiempo, cosa que no ha aparecido en ninguna publicación, ha sido suspendido del ejercicio del ministerio y se le ha retomado nuevamente su proceso de acuerdo con las normas de la Iglesia”, aseguró el monseñor, que indicó que la suspensión del sacerdote ocurrió a lo largo de este año, sin precisar la fecha.
“Se realizó todo el proceso judicial y quedó después libre por haber cumplido todas las normas”, aseguró.
Moronta, ¿incómodo con la investigación?
El monseñor Moronta se mostró incómodo con la publicación de The Washington Post. Con frecuencia cuestionó durante la rueda de prensa las investigaciones y que los periodistas, según su criterio, no desarrollen trabajos relacionados con abusos sexuales en otras instancias. “Venezuela no ha dejado de estar involucrada en este tipo de problemas, que es universal. Aún cuando hay instituciones, profesionales o personas que cometen este tipo de abusos y no son considerados por las razones que sean”.
“Llama la atención que nos investiguen, pero no investiguen otros entes. No solamente religiosos sino también profesionales, donde el número de abuso sexual es mayor. Yo no estoy justificando nada, sencillamente asumimos nuestra responsabilidad, pero hay otros lugares y otros ámbitos profesionales donde también se han dado estos casos y nadie dice nada. Cuando se trata de un sacerdote o alguien se la iglesia, asumimos nuestra responsabilidad”, agregó.
“La responsabilidad no es de la CEV”
El obispo de la Diócesis de San Cristóbal explicó que cada Diócesis, de acuerdo con el planteamiento jurídico de la Iglesia, es autónoma. “Compartimos informaciones, nos ayudamos mutuamente, pero cuando hay un caso directamente la relación es del obispo con las autoridades del Vaticano”, dijo.
Indicó que el proceso para que las denuncian sean elevadas a la Santa Sede pueden tomar meses o más tiempo porque se inician procesos y, en muchos casos, se deben verificar los datos de las víctimas y de otras personas.
“La responsabilidad de cada caso no es de la Conferencia Episcopal Venezolana, sino de cada obispo y esto es importante. La Conferencia Episcopal lo que hace es ayudar a través de una comisión, a través del encuentro y también haciendo de puente para una asesoría. Como está la normativa de la Iglesia, no nos toca a nosotros hacer ese tipo de decisión, aconsejamos y pedimos que se realicen los trabajos, y eso va a depender también de la relación con la Santa Sede”, señaló Moronta.
Declaró que cada obispo tiene que comunicar a la Congregación para la Doctrina de la Fe y que si un obispo incurre en la omisión existen vías como los Consejos Presbiteral de cada diócesis, la Nunciatura o el grupo de personas que conscientemente haga la denuncia.
“En este momento una de las praxis de la Iglesia es que el obispo en cualquier parte del mundo que no enfrente los problemas tiene que rendir cuentas al Vaticano y hay muchas manera de que lo puedan hacer”, manifestó.
Asegura sanciones a violadores
Los arzobispos y obispos aseguraron que la Iglesia en Venezuela ha recibido en las diócesis las denuncias que se le han presentado y que, a su vez, ha procurado las investigaciones y los procesos según la legislación eclesial. Agregaron que se han sancionado sacerdotes y otros miembros de la Iglesia, a quienes se les comprobó la comisión de delitos.
“Los obispos ni se han opuesto ni se oponen a la actuación de los organismos competentes de la justicia civil en esta materia de abusos. Al contrario, respeta sus decisiones y ha prestado la colaboración para el esclarecimiento de los hechos en que se han visto implicados sacerdotes y otros miembros de la Iglesia que han sido presentados para ser juzgados de acuerdo al ordenamiento legal civil”, aseguró.
El monseñor reiteró que la Iglesia está comprometida en la promoción de la dignidad de los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, así como de protegerlos y ofrecerles ambientes seguros para su desarrollo integral.
La Conferencia Episcopal Venezolana aseguró que está realizando diversas iniciativas orientadas a ofrecer información y formación a los diversos agentes de pastoral sobre la cultura del buen trato y la prevención de abusos. Añadió que constituyeron una Comisión de Prevención conformada por obispos, presbíteros, religiosos y fieles laicos expertos.
Aplicación de nuevos protocolos
Moronta dijo que se aplicarán nuevos protocolos, que consisten en crear un ambiente de protección.
“Parte del hecho de preparar y formar a las personas que van a atender niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, incluso dentro de las personas vulnerables se ha abierto el espacio no solo a aquellas que puedan tener alguna discapacidad o algún problema de tipo físico, sino también aquellas personas que pueden ser abusadas por la autoridad. Los obispos y superiores religiosos, cuando tienen que enfrentar estos casos, atienden a las víctimas y se les ayuda en la medida de lo posible”, expresó.
La primera cuestión, indicó, es acompañar a las víctimas y garantizarle la confidencialidad. Incluso con aquellas personas que son acusadas y que después pueden resultar ser inocentes. Moronta insistió, una vez más, en que así como se hacen investigaciones sobre la Iglesia, deberían hacerse trabajos que documenten los abusos de autoridad contra los migrantes. “Valdría la pena”, dijo.
Puntualizó que entre los protocolos se incluye el trato de los maestros, directivos, sacerdotes y catequistas en las escuelas; en las casas parroquiales no pueden estar menores de edad salvo que estén acompañados de sus padres y representantes para garantizar el debido respeto a los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables.
Mecanismos para recibir denuncias
“En nuestras diócesis, institutos religiosos, centros educativos y sociales, hemos venido estableciendo mecanismos para recibir las denuncias de presuntos abusos. También estamos actualizando códigos preventivos de conducta y protocolos de actuación para los que prestan sus servicios en el ámbito eclesial. Estamos conscientes de que siempre se puede hacer más y estamos dispuesto a hacerlo en sinergia con otras instituciones”, afirmó.
Moronta aseguró que en la mayoría de los casos que la Conferencia Episcopal Venezolana ha manejado, y que tiene verdadera seguridad de que se ha cometido un delito, se han sancionado a los implicados con la separación del estado clerical. Es decir, explicó, ya no pueden ejercer el sacerdocio.
En este momento, indicó, hay un cura en la cárcel por abuso sexual.
Con información de El Nacional
