Un estudio titulado Sexo por supervivencia expone que migrantes venezolanos se ven en la necesidad de realizar prácticas sexuales que son grabadas y comercializadas por Internet para poder sustentarse, luego de haber emigrado a Colombia
La organización Aid for Aids presentó, este lunes 5 de diciembre, en Nueva York, Estados Unidos, un estudio que demuestra que cerca de 12.000 personas se dedican a grabarse realizando actos sexuales para vender el material audiovisual por medio de Internet. La investigación señala que esta práctica ha tenido auge entre la población migrante venezolana que se encuentra en zonas fronterizas de Colombia.
El estudio titulado Sexo por supervivencia se realizó entre 2021 y 2022, por parte de la sección colombiana de la ONG que entrevistó en Bogotá, Cali, La Guajira, Medellín y Cúcuta a 500 venezolanos que ejercen algún tipo de actividad sexual para sobrevivir, tanto heterosexuales como homosexuales y trans.
El venezolano Jesús Aguais, fundador de la ONG, explicó a EFE que se presentó el estudio en Nueva York para alertar de que lo sucedido en territorio colombiano puede reproducirse en esta ciudad tras la llegada de miles de refugiados venezolanos.
El estudio expone que hay cuatro razones principales que empujan a las personas, especialmente migrantes, al comercio sexual. La primera es la ausencua de documentos para acceder de forma regular a un trabajo, la segunda es el poco acceso al mundo laboral por la xenofobia, la tercera es la falta de instituciones de inserción laboral y, la cuarta, la carencia de informaciones claras sobre medios de asistencia social.
Migrantes en casas de webcams
En Cúcuta y Villa del Rosario se encuentran entre 800 y 1.000 casas dedicadas al modelaje webcam y en cada una de ellas trabajan grupos de 5 a 20 personas, con edades comprendidas entre los 16 y 25 años.
A su vez se realizó un estudio de campo de 12 meses en Norte de Santander en el que se reunieron más de 20 entrevistas, entre los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario. Esto se hizo bajo dos grupos focales en casas webcam con 20 personas que, en su mayoría, eran hombres, y dos grupos focales con mujeres en parques y plazas, consultando a 20 y 25 personas.
En la investigación se detalla que el fenómeno con mayor auge son las casas de webcams, donde los migrantes tienen relaciones sexuales entre sí, tanto heterosexual como homosexual, y acceden a ser grabados para que sitios webs oferten el contenido a clientes de Estados Unidos y Europa. Fernando Garlin Politis, autor del estudio etnográfico en la investigación, expuso a El Pitazo que se destacan tres resultados:
El primer resultado aborda que estas prácticas sexuales incrementan las posiblidades de sufrir violencia, especialmente de las autoridades locales, además de criminalizar a quienes recurren al sexo por supervivencia. También se observa la ausencia de una política que proteja a las personas y, en su lugar, se llevan a cabo redadas y controles policiales o migratorios dejando de lado los programas de protección.
Según datos aportados a EFE, el 14 % de las mujeres entrevistadas aseguró que funcionarios de migración o de entes policiales las han forzado a mantener relaciones sexuales o a practicarles sexo oral a cambio de ofrecer un servicio al que tienen derecho.
El segundo resultado expone que las organizaciones y entidades locales no poseen programas adaptados para orientar en lo psicológico y socioeconómico a quienes recurren a estas prácticas. «Hay pocas o nulas informaciones que son accesibles acerca de cómo denunciar, en dónde y quiénes pueden colaborar en este proceso, si este último no se realiza correctamente», dice Garlin.
Por su parte, el tercer resultado señala que existe una urgencia de adaptar la respuesta de protección para la población venezolana migrante, para lo cual se recomienda la inclusión de esta población en el diseño de políticas públicas. Según explica Garlin, esto se puede lograr con la sensibilización de los actores implicados, como funcionarios policiales y de migración; también al existir coordinación entre la cooperación internacional, el gobierno y las organizaciones comunitarias, incluyendo organizaciones de trabajadores sexuales.
Con información de El Pitazo.
