El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela ha publicado un informe que destaca la desconexión de los derechos digitales en el país. Durante el año 2022, se registraron 59 violaciones que incluyeron prácticas sistemáticas de persecución, bloqueos, desinformación y vigilancia. Estas acciones han profundizado la erosión de las libertades fundamentales de la población venezolana.
El informe resalta la utilización de medidas discrecionales para obstaculizar el acceso a sitios web de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. La censura y los bloqueos se han convertido en una constante forma de controlar el flujo de información en el país.
Desarrollo: El informe del IPYS expone que en 2022 persistieron las violaciones a los derechos digitales en Venezuela. Estas violaciones incluyeron el cierre y la suspensión arbitraria de cuentas en redes sociales, bloqueo selectivo de sitios web, ataques de denegación de servicio, hackeos, suplantación de identidad, doxing, acceso ilícito a medios digitales y phishing.
El informe destaca que se continúan utilizando medidas discrecionales para obstaculizar el acceso a sitios web de medios de comunicación y a las plataformas de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos. Estas medidas demuestran la persistencia de la política oficial de controlar el flujo de información en el país.
En 2022, las denuncias de ataques y restricciones en internet se centraron principalmente en bloqueos a portales de noticias y discurso estigmatizante contra periodistas y medios a través de las redes sociales.
Además, se confirmó que al menos 40 medios digitales, tanto nacionales como extranjeros, están siendo bloqueados por proveedores de internet privados y estatales como Cantv, Movistar y Digitel.
El informe de la ONG Freedom House otorgó a Venezuela una calificación de 30 puntos en cuanto a la libertad de internet. Aunque hubo una ligera mejora en comparación con el año anterior, el país aún se encuentra entre los de menor libertad en internet en la región.
El informe también revela que al menos 1 millón 584 mil 547 líneas telefónicas de la compañía de telecomunicaciones Movistar fueron afectadas por solicitudes de interceptación legal por parte de las autoridades venezolanas. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) también presentó solicitudes de bloqueo y restricción de contenidos.
IPYS destaca que la mayor parte de la población venezolana continúa enfrentando dificultades para acceder a servicios e internet de calidad debido a las frecuentes interrupciones y deficiencias en las conexiones, tanto fijas como móviles.
El informe del IPYS Venezuela pone de manifiesto la desconexión de los derechos digitales en el país durante el año 2022. Las violaciones sistemáticas a la libertad de expresión, los bloqueos y la censura han profundizado la erosión de las libertades fundamentales de la población.
Se requieren medidas urgentes para eliminar las prácticas y regulaciones que conducen a la censura y el bloqueo de contenidos, así como para garantizar el acceso a internet como un derecho humano fundamental. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben seguir presionando para que se respeten y protejan los derechos digitales en Venezuela.
